El Gobierno canario centrará su política de vivienda en la rehabilitación y movilización de stock

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha aprobado este viernes el decreto que regula la reorientación de las políticas de vivienda a fin de adaptarlo a la situación económica actual, por lo que ha decidido centrarse en la rehabilitación, movilización de stock y fomento de alquiler.

Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, que ha explicado que en dicho decreto se contemplan los tres ejes de actuación destinados principalmente a las familias con menos recursos y que servirán, entre otras cosas, para fomentar la "falta de actividad" del sector de la construcción.

En cuanto al primero de los ejes, la rehabilitación y reposición de viviendas, pretende servir para dar salida al sector de la construcción creando puestos de trabajo. A este respecto, señaló que actualmente el Gobierno central, regional y ayuntamientos tienen 46 convenios firmados con otros tantos municipios para rehabilitar unas 6.000 viviendas por unos 200 millones de euros.

En este sentido, matizó, que si estuvieran todos los convenios activos al mismo tiempo, se crearían unos 12.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, la movilización del parque de viviendas desocupadas con el fin de ser alquiladas, persigue mejorar la calidad de vida de sus habitantes y coadyuvar al crecimiento sostenible. Sobre esta medida, apuntó que actualmente hay 1.100 promotores que han solicitado acogerse a la misma, de las que 800 ya se han atendido.

Añadió que el Gobierno canario pretende alcanzar la cifra de 2.000 solicitudes este año. Asimismo, explicó que en el caso de que estas viviendas sean alquiladas tendrán un coste de 350 euros, de los que un máximo de 50 euros será lo que deberá abonar el inquilino, ya que está destinado a familias con ingresos menores a 12.000 euros anuales; mientras que los 300 euros restantes será lo que reciba el propietario del Ejecutivo regional.

El tercer eje de la política de vivienda es el fomento del alquiler para lo que se ha decidido mantener la ayuda al alquiler para los jóvenes con ingresos de un máximo de 18.000 euros anuales, aunque se reduce el importe subvencionable de 300 a 200 euros y su duración se fija en dos años.

Respecto a los beneficiarios de esta medida serán personas que accedan por primera vez a la vivienda, jóvenes, de hasta 35 años, personas mayores de 65 años, mujeres víctimas de la violencia de género, personas afectadas por situaciones catastróficas, familias numerosas, familias monoparentales con hijos, personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo, entre otras.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico quiere adaptar la normativa reguladora de las ayudas que otorga en materia de vivienda a las circunstancias sociales y económicas.

Marrero también puntualizó que se posibilita la renovación con efectos retroactivos de las ayudas al alquiler para quienes, habiendo sido adjudicatarios de viviendas promovidas en régimen de alquiler, no las hayan solicitado en plazo.

En cuanto a las ayudas al alquiler de viviendas públicas implicará que las familias más desfavorecidas pueden acceder a la vivienda sin tener que abonar "nunca" más del 12 por ciento de sus ingresos e incluso, en circunstancias concretas, que la cantidad a abonar sea meramente simbólica.

Finalmente, indicó que también se amplia el plazo de acceso a la propiedad de las viviendas sociales.