PALMA DE MALLORCA/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias firmará en dos semanas el convenio mediante el cual se creará la figura jurídica que permitirá que las familias de Senegal y Mali que residen en Baleares puedan acoger menores extranjeros no acompañados, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo canario.
De este modo, se llevará a cabo el último trámite para poner en marcha esta iniciativa, pionera en España, y que había retrasado el traslado de los menores varios meses, después de que el pasado 23 de enero, la consejera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, firmara con su homóloga canaria, Inés Rojas, el protocolo que posibilitará la llegada de los inmigrantes no acompañados, quienes continuarán estando bajo la tutela del Ejecutivo canario.
Precisamente, fuentes de la Conserjería de Asuntos Sociales del Gobierno balear señalaron que estaban pendientes de la firma del convenio, ya que, según reconocieron, las "dilaciones" en el traslado de los menores estaban provocando una "pérdida de la ilusión" en el propio Gobierno de Baleares y, sobre todo, en la veintena de familias de Senegal y Mali que ya han sido seleccionadas por el Ejecutivo para acoger a los niños, tras efectuarles varias pruebas para demostrar que eran aptas para involucrarse en esta iniciativa.
Concretamente, las familias acogedoras percibirán una ayuda económica de 450 euros mensuales y, actualmente, el Gobierno canario ya cuenta con los informes de las mismas, de forma que en las próximas semanas, decidirá qué menores son los que mejor se adaptarán a las mismas.
Fuentes de ambos Ejecutivos remarcaron que si esta experiencia funciona en Baleares, se abrirá la puerta a la posibilidad de extenderla al resto de Comunidades Autónomas, con el objetivo de que los menores que llegan a Canarias procedentes de África (6.000 desde el año 2000) no sean repartidos únicamente entre los diferentes centros de acogida a inmigrantes que existen en toda España, tal como se ha hecho ya con 190 menores, sino que puedan ser acogidos por familias, no sólo de sus respectivos países, sino también españolas.
En concreto, el archipiélago balear recibirá entre junio y julio a 20 menores inmigrantes no acompañados, de entre 16 y 18 años, que han llegado a Canarias en patera procedentes del África Subsahariana, para ser acogidos por familias de sus mismos países de origen durante un periodo de dos años.
"Esta medida rompe con todo lo que se ha hecho hasta ahora", recalcaron desde el departamento dirigido por Fina Santiago, al tiempo que desvelaron que tras la firma del citado protocolo, la Consejería recibió numerosas peticiones de familias mallorquinas, interesadas en acoger a los menores inmigrantes, lo que, a su juicio, demuestra el éxito de este proyecto piloto.
CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 'NORAI'
Hasta ahora, estos menores africanos no acompañados llegaban a Baleares, únicamente a través de un programa que lleva a a cabo el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y la asociación Amés, mediante el cual se traslada a los niños de entre 13 y 17 años al centro de acogida temporal, denominado 'Norai' y ubicado en Son Sardina (Palma).
Así, según datos del Consell de Mallorca facilitados a Europa Press, durante el 2008 en el citado centro, que cuenta con 12 plazas concertadas con el IMAS, se atendieron a un total de 41 menores, la mayoría de sexo masculino, teniendo en cuenta que anualmente, llegan entre 10 y 15 inmigrantes no acompañados.
Durante su estancia, se investiga la situación personal y familiar de los menores y se valoran sus necesidades para adoptar la medida jurídica más idónea para el cumplimiento de la normativa vigente, de forma que en algunos casos, se incoa un expediente de protección, y en otros se realizan las peticiones de repatriación.
Concretamente, los menores que son atendidos reciben una formación, con el fin de que cuando cumplan la mayoría de edad tengan las capacidades para poder encontrar un trabajo e independizarse, a través del alquiler de una vivienda, que les permita regularizar su situación en España en el plazo de un año, con el fin de evitar su expulsión.