El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria a la hacienda pública podría rondar 40 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria y actual presidente de la U.D.Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a la hacienda pública podría rondar los 40 millones de euros entre 2008 y 2013, según ha estimado el sindicato FSP-USO y su abogado, Ismael Franco, tras las más de cuatro horas de declaración de Ramírez en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario ha estado declarando como imputado por un presunto fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, después de que el sindicato FTSP-USO denunciara supuestas defraudaciones de Seguridad Integral Canaria en los años 2008 y 2009 al abonar como dietas (concepto que está exento de cotización a la TGSS y de retención de IRPF) las horas extraordinarias (que no están exentas de cotización y retención) que realizaban los vigilantes de seguridad.

En este sentido, el sindicato aseguraba que el fraude podría estar sobre los 2 millones de euros en estos dos años aunque la instrucción del caso se prevé que también investigue hasta 2013, pudiendo alcanzar la cifra de 40 millones de euros.

En este sentido, Franco indicó, en declaraciones a los medios, que esta cifra es el resultado de que sólo en retenciones pueden ser hasta un "30 por ciento de cotización defraudada, si en dos años estamos en casi los 2,5 millones de euros --2008 y 2009--; el resto de años se llega a una cuantía que junto al 30 por ciento de cotización se podría alcanzar" los citados 40 millones de euros.

Asimismo, el letrado consideró que la declaración "no ha ido mal" aunque Ramírez, dijo, no ha respondido a las preguntas de las acusaciones. Si bien, señaló que en unas cuestiones ha declarado como se esperaba, en otras les "ha sorprendido; es vox populi que él niega que haya abonado las horas extras de 2008, 2009, igualmente se está investigando 2010, 2011, 2012 y 2013, a través de dietas".

Sin embargo indicó que el sindicato considera que "pagaba una gran cantidad de horas extras a través de dietas, que no tiene retención de IRPF ni de cotización". En este sentido, apuntó que ha negado la posición de los denunciantes, ya que ha afirmado que "él no paga prácticamente horas extras y que todo lo que paga son dietas reales, que se devengan y que se han devengado".

Asimismo, el abogado aseguró que también les ha sorprendido el que "él entiende que hay un descuadre de hora porque los trabajadores, por apoyo y fidelidad a la empresa, han regalado un promedio casi de una hora diaria, unas 15, 16 horas al mes".

Franco puntualizó que el proceso, que se encuentra en fase de instrucción, por lo que también está en fase de investigación además de 2008 y 2009 el resto de años siguientes hasta 2013, se podría haber producido la misma defraudación por año. Por ello, se ha requerido a la Agencia Tributaria y Seguridad Social los expedientes correspondientes.

Por su parte, el letrado Joaquín Rodríguez Miguel, que representa a una asociación de seguridad, también indicó que "existen serios indicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 donde ha habido una serie de horas extraordinarias que han realizado los trabajadores y que no se han pagado como tales horas extraordinarias", lo que incidió implicaría, de ser cierto, "un perjuicio para la hacienda pública", además de perjudicar a la Seguridad Social y produce "una distorsión en el ámbito de la seguridad privada", ya que al operar con menos gastos "está en una situación de desventaja respecto a los demás".

Para Rodríguez Miguel esos indicios "permanecen". Otra cosa, matizó, sería la cuantificación de las cantidades defraudadas porque "es realmente difícil", depende de los procedimientos que se consideren, aunque cree que en principio los indicios y si los años 2010, 2011, 2012 y 2013 son una repetición de los de 2008 y 2009, ya que "hay indicios que, por lo menos, entendemos que en todos los ejercicios se ha superado tanto en retenciones como en cuotas a la Seguridad Social los 120.000 euros, entendemos que eso es casi seguro".