El 40,70% de los secretarios judiciales se levanta contra Gallardón para exigir un Estatuto propio y más reconocimiento

De los 547 secretarios judiciales, 223 se han adherido a la protesta, según el TSJM

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 223 secretarios judiciales de los 547 que hay en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 40,70% de la plantilla, han secundado este jueves la jornada de huelga convocada contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reclamar un Estatuto jurídico propio y más reconocimiento ante el incremento de la carga de trabajo a raíz de la implantación de la nueva Oficina Judicial.

La protesta se ha llevado a cabo por el malestar del colectivo contra el borrador de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara Gallardón, ya que a su juicio les "infravalora, ningunea y menosprecia", tratando de atribuir "al secretario la condición de mero auxiliar y olvidando su carácter de autoridad judicial".

El próximo 24 de abril está convocada otra jornada de paro. Por partidos judiciales, en el de Madrid capital se ha registrado un seguimiento del 43 por 100, frente al 36 por 100 de los juzgados de periferia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la Audiencia de Madrid, se han suspendido todos los juicios sin causas con presos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En un documento interno del Comité, al que tuvo acceso Europa Press, los secretarios se muestran preocupados ante los cambios que acompañan esta reforma, como por ejemplo el artículo 143 que mantiene la jefatura de la Oficina Judicial pero introduciendo matices que suponen una superior dirección del juez.

Con la implantación de la oficina judicial, los secretarios judiciales vieron como sus funciones se incrementaron con la finalidad de descargar de trabajo a los jueces. De hecho, realizan el 80 por ciento del trabajo en los juzgados.

Sin embargo, ahora se quejan de que esos cambios aún no se ha materializado, según ha señalado a Europa Press uno de los secretarios judiciales que esta mañana cubría los servicios mínimos en la Audiencia de Madrid.

"Sobre nosotros pivota ahora la responsabilidad de ejecutar las resoluciones judiciales. Sin embargo, no tenemos ningún control sobre los funcionarios. A veces nos llegan funcionarios que no distinguen entre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Civil. Por eso pedimos tener discrecionalidad", ha aseverado.

Una de las principales reivindicaciones del colectivo se centra en reclamar un Estatuto propio similar al que tienen jueces y fiscales. Hasta ahora, se rigen por el Estatuto de los funcionarios. En esta línea, se quejan de que sus condiciones laborales las negocian los sindicatos mayoritarios en la Administración de Justicia sin escuchar a sus asociaciones.

MALESTAR

En un comunicado, el Comité de Huelga expresó hace unos días su "profundo malestar" por la forma de actuar de Ruiz-Gallardón, quien, a su juicio, "se apresura a llamar con un talante negociador" al colectivo de jueces y fiscales, pero no así a los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

"Tales actos no hacen sino demostrar realmente cuál es la auténtica afectividad del ministro hacia esta profesión y, lo que es más grave, hacia los ciudadanos pues no ha querido negociar para evitar un mal que nadie desea, que es la huelga en la Justicia madrileña", añaden para denunciar la "extrema e incomprensible parálisis" de las asociaciones de secretarios judiciales.

Este movimiento "de base y espontáneo" de fedatarios públicos reclama un marco de régimen estatutario propio, un nuevo régimen de sustituciones, un régimen disciplinario semejante al de jueces y fiscales al ser el de los secretarios judiciales "bastante más gravoso y duro que el de aquellos".

Piden un marco de representación y negociación laboral propio y el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. Exigen que se resuelva "de una vez" la "atroz problemática y trato" a los miembros de la tercera categoría de secretarios.

El colectivo exige la "adecuación retributiva" a las responsabilidades que la ley le otorga en cuanto a la dirección del juzgado o la asunción de las funciones que anteriormente eran desempeñadas por los jueces, y por las que responden disciplinaria y penalmente. "Y que, en ningún caso, sean inferiores a las de los otros dos Cuerpos Superiores, jueces y fiscales".

Resume que se tratan de cuestiones estatutarias "sin coste económico alguno para el Estado" y que la modificación retributiva puede marcar un periodo de 'vacatio legis' --entrada en vigor-- de dos años en espera de que mejore la situación económica que atraviesa el país.