Arganda.- El empresario que amenazó con quemarse a lo bonzo queda en libertad provisional sin fianza

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario de Arganda que amenazó con quemarse a lo bonzo si el Ayuntamiento de Loeches no le abonaba los 450.000 euros que le adeudaba quedó hoy en libertad provisional por un presunto delito de desórdenes públicos, con la obligación de comparecer mensualmente ante el Juzgado, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

José María Solís, que ayer fue detenido por la Guardia Civil tras horas de negociaciones, pasó hoy a disposición judicial en virtud de la denuncia que interpuso el Instituto Armado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda, que ayer estaba en funciones de guardia.

Tras tomarle declaración, la juez acordó su libertad provisional sin fianza dada "la naturaleza de los hechos imputados y la inexistencia de riesgo de fuga". No obstante, estima que "existen motivos bastantes para estimar criminalmente responsable" del delito de desordenes público al detenido.

Solís, dueño de la constructora 'Cavas', se presentó a primera hora de ayer en el Ayuntamiento de Loeches para reclamar a la fuerza el pago de la deuda que se le debía por unas obras realizadas en el marco del plan Prisma de la Comunidad de Madrid. En un primer momento, colocó el camión de su empresa en las puertas del Ayuntamiento para impedir el paso del alcalde y así poder mantener una conversación.

Ante la negativa del edil, el empresario tuvo la idea de quemar el Consistorio, un pensamiento que derivó también en prenderse fuego él mismo dentro del furgón. Sin embargo, y según su secretaria, la intención fue fruto de "la desesperación, los nervios y la impotencia de verse así", aunque "verdaderamente no lo iba a hacer", apuntó.

Solís llegó a las puertas del Consistorio de Loeches hacia las 8.00 horas de ayer con una furgoneta de su empresa, dos bidones de gasolina y una botella con una mecha. Al parecer, su empresa realizó hace unos tres años unas obras públicas al Consistorio por un importe superior a 400.000 euros, una cantidad que todavía no ha conseguido cobrar. La falta de liquidez ha provocado que la pequeña empresa esté en situación de quiebra y hayan tenido que despedir a 20 trabajadores.