Arganda del Rey.- Imputan a uno de los hermanos Barral por un delito contra la ordenación del territorio

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey ha imputado a uno de los propietarios del grupo Hermanos Barral, conocidos empresarios del Corredor del Henares, por un delito contra la ordenación del territorio debido a las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en la construcción de un complejo de ocio en Loeches sobre suelo no urbanizable protegido, informó hoy Ecologistas en Acción.

La organización ecologista está personada como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra Ángel Barral Corral. El juez de Arganda del Rey ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid y a las partes personadas para que formulen escrito de acusación contra el imputado.

El delito que se le imputa se relaciona con la construcción sin autorización de un complejo de ocio en la finca 'La Fontadela', según denunció Ecologistas En Acción en un comunicado. Estos terrenos están situados en el término municipal de Loeches, en una zona clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.

Pese a la limitación urbanística, Ángel Barral ha construido en la citada finca diversas edificaciones, una piscina, un mini-campo de golf, diversos campos de baloncesto y de fútbol.

EMPORIO DE LOS BARRAL

Dentro de su emporio empresarial, los hermanos Barral cuentan con negocios de venta de vehículos de alta gama, medios de comunicación local, inmobiliarias y empresas de construcción-promoción. El centro neurálgico de su actividad se asienta en un polígono industrial de Coslada.

Se da la circunstancia de que Ángel Barral y sus hermanos están siendo investigados en el 'Caso Coslada' por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los Barral gestionaron el plan de actuación del barrio del Puerto que supuso la recalificación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio.

Según las fuentes consultadas, los empresarios supuestamente vendían los pisos a un precio muy superior al que exige la calificación de protección oficial, pero escrituraban la cantidad establecida por la normativa de la Comunidad de Madrid. De este modo, se quedaban con buena parte de dinero sin declarar.