Asociaciones piden al PSOE que mantengan el registro de lobbies en la ordenanza para garantizar la "transparencia"

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Civio y Access Info Europe han mostrado este martes su preocupación ante la enmienda del Grupo Municipal Socialista al proyecto de ordenanza de Transparencia de Madrid pidiéndoles que apoyen el mantenimiento del registro de lobbies como obligación para garantizar "la transparencia en la actuación de los cargos públicos".

"Si se elimina, todo el esfuerzo quedaría en papel mojado", ha advertido en un comunicado la coordinadora de campañas e investigadora de Access Info Europe, Alba Gutiérrez.

Ambas organizaciones publican este martes una valoración sobre las enmiendas de los partidos antes de ser debatidas en el Pleno. La propuesta socialista, de ser aprobada, eliminaría la obligación de estar inscrito en el Registro de Lobbies para poder mantener una reunión con un alto cargo público.

La postura del Grupo Socialista, que también alega que tener que acreditar la inscripción previa en el Registro de Lobbies "podría limitar la libertad de actuación de los concejales", contrasta con la posición del Grupo Popular, han expuesto desde la Fundación Civio y Access Info Europe.

El PP pide ampliar las obligaciones y no limitarlas a los concejales extendiéndolas al personal eventual y a los titulares de las demás entidades afectadas por la ordenanza.

Access Info y Civio son partidarias de establecer sanciones a todo alto cargo que se reúna con grupos de interés no inscritos previamente en el Registro de Lobbies, e impuestas siempre por un órgano independiente, no por la Junta de Gobierno. Ambas organizaciones se ponen a disposición del equipo municipal y de todos los grupos para ayudar a que los madrileños cuenten con "la mejor ordenanza de transparencia posible".

LOBBIES Y EL PSOE

El concejal socialista Ramón Silva explicó en la última comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto que a su grupo se le ha planteado ahora una "duda sobre la viabilidad jurídica" y "alguna diferencia sobre los lobbies". Los socialistas están "a favor de regularlos" pero temen cómo podría afectar al trabajo práctico de los concejales.

Silva llevó a la comisión el caso que podría darse si un ciudadano le parara por la calle al reconocerle como concejal. "¿Tengo que sacar un formulario preguntando si no está incurso en alguna incompatibilidad?", planteó.

"Hablar con la calle con un ciudadano no es lo mismo que reunirse con un grupo de presión. El matiz es claro: sólo deben estar registradas aquellas personas o entidades que pretendan influir en la aprobación de una norma", ha señalado en un comunicado Javier de Vega, de Civio.

La reticencia del PSOE tiene que ver con la limitación en la actuación de los concejales, unida a que los servicios jurídicos "también apuntan a la posibilidad de que se limitara la actividad de los ediles", informaron los socialistas.

Finalmente no se aceptó en comisión la enmienda presentada por el PSOE, en la que pedían una nueva redacción en el artículo que fija de la creación del registro, incluyendo la inscripción y el control de las personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúan "de forma habitual" directamente o en representación de un grupo organizado.

Los socialistas argumentaban que, en base a un informe de la asesoría jurídica y según el consejo de expertos en la materia, en la regulación de los lobbies sería preferible "acotar la definición antes de hacer una interpretación expansiva".

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, explicó que los estándares internacionales dicen que los registros voluntarios de lobbies son ineficaces y "sí se puede hacer funcionar uno obligatorio, que no disuade la interlocución entre la Administración y los grupos de presión".

El dictamen, a la espera de lo que ocurra en el Pleno, recoge que las personas individuales no van a tener que registrarse, ni las asociaciones inscritas en el registro de entidades ciudadanas. Sí habrá de hacerlo "todo grupo que, en defensa de sus intereses, viene a tratar de incidir en las decisiones públicas y en la generación de nueva normativa, que es la definición de lobby".