MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha asegurado este jueves que no ha recibido ningún escrito en el que la diputada de IU en la Asamblea de Madrid y responsable electoral de IU-CM, Libertad Martínez, denuncie ser "víctima de un acoso personal y político por parte del secretario de organización federal, Miguel Reneses".
En declaraciones a Europa Press, Lara ha dicho que ha sido a través de los medios de comunicación como ha tenido conocimiento de "esa queja que se puede haber remitido", y ha rechazado dar una opinión al respecto hasta que no conozca los "entresijos".
En un documento fechado el 28 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, y que habría sido remitido, entre otros, a Lara y al coordinador de IU-CM, Gregorio Gordo, Martínez pide el cese de Reneses como secretario de organización federal y presidente de una fundación del partido y su dimisión como diputado en el Parlamento regional por ser "víctima" de su "acoso personal y político".
Dicho "acoso" se habría concretado en "la apertura de un expediente de sanción aprobada en la última Comisión Ejecutiva de IU Federal, a instancias, al parecer, de Miguel Reneses", por "acusaciones inauditas que responden única y exclusivamente al intento de Reneses de lapidar a todos aquellos que se oponen, denuncian y hacen visibles sus prácticas inmorales o sus pretensiones de violentar la opinión y el criterio político de la organización madrileña de Izquierda Unida", expone la diputada en el texto.
Fuentes de IU han señalado a Europa Press que las tensiones entre ambos diputados se incrementaron desde el denunciado ataque cibernético cometido en abril pasado en el servidor del partido.
Según denunció entonces la formación, un hacker suplantó el correo electrónico de la Secretaría de Organización federal y envió un correo en el que se decía que la cúpula federal había pedido a Reneses que renunciara a todos sus cargos ante las supuestas irregularidades de la fundación que preside, la Madrileña para el Progreso y el Desarrollo. Esas presuntas irregularidades fueron denunciadas por el PP y por un sector de IU.