MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
CCOO ha defendido su legitimación "social" que le otorga su función de representación de docentes y por ello ha tramitado un recurso de resposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la inadmisión inicial dictada el 20 de febrero contra el calendario escolar del presente ejercicio, que adelanta por primera vez los exámenes de septiembre a junio.
En un comunicado, el sindicato alude a que sus estatutos recogen la defensa de la "consecución de un sistema general de enseñanza pública de calidad", tal y como se recoge en el artículo 1 de sus estatutos y que parece "molestar" tanto a la Consejería de Educación.
En este sentido y ante el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM dictó auto no definitivo por el que vino a estimar provisionalmente la alegación previa planteada por la Consejería sobre la falta de legitimación activa de CCOO para recurrir la orden del calendario del cuso 2017/2018, "excepción previa que plantea indiscriminadamente" frente a todo recurso que plantea el sindicato " sin llegar siquiera a valorar las razones materiales y de fondo".
La actitud de la Consejería es para la central sindical "un continuo ninguneo y desprecio hacia CCOO y hacia todo el profesorado al que representa, así como hacia la comunidad educativa en general".
Así, sostiene que el 15 de marzo se tramitó de forma favorable el recurso de reposición presentado por el sindicato ante dicho auto y en el que se concreta su legitimación jurídica formal.
En este sentido, CCOO expone que en el recurso alude a la "vulneración de los derechos laborales" que la decisión adoptada "unilateralmente" por la Consejería y "en contra" de la comunidad educativa de trasladar las pruebas extraordinarias al mes de junio comporta para el profesorado.
Al respecto, alude a la "sobrecarga" de trabajo que supone atender "simultáneamente" al alumnado que debe recuperar la materia, al que se le ofrecen actividades de profundización y a la evaluación ordinaria de todo el conjunto, así como afrontar una nueva organización del centro para la que "no existe base normativa alguna, o la imposibilidad, por falta de plazo material, para atender a las reclamaciones sobre las calificaciones de la evaluación ordinaria, entre otras cuestiones".
Por otro lado, el sindicato expone que las reglas procesales sobre legitimación activa "son extremadamente rígidas", tras lo cual se "parapeta" la Consejería de Educación para" eludir no solo su responsabilidad, sino el propio diálogo y consideración a la comunidad educativa, pretendiendo, además, extender el significado de no entrar a valorar el fondo y las razones de un recurso por cuestiones meramente formales a que los tribunales le den la razón en sus políticas, cuando no es verdad".