Centenares de personas se manifiestan contra la privatización del Canal Isabel II

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 23 septiembre 2008 23:56
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MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se manifestaron hoy frente a las instalaciones del Canal de Isabel II en contra de la privatización de esta empresa pública, anunciada el pasado jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el debate del estado de la región.

A la manifestación acudió como representante del PSOE la concejala Carmen Sánchez Carazo, quien destacó que los trabajadores agolpados contra la privatización "eran tantos que se ha tenido que cortar la calle Cea Bermúdez al tráfico".

Sánchez Carazo hizo hincapié en la indignación de los trabajadores por este giro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Por otro lado, dijo que la maniobra de privatización es "muy complicada incluso legalmente porque implica a muchos convenios y hay infraestructuras que dependen del ministerio de Fomento".

También quiso resaltar que el acto de inauguración del Teatro del Canal es "una seudoinauguración irracional con un gasto enorme del dinero de los madrileños", y aseguró que tanto ella como el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, como el secretario general del PSM, Tomás Gómez, estaban invitados al acto, pero han preferido no asistir al "no estar de acuerdo con el gasto que supone".

Según la portavoz de CC.OO. del Comité de Empresa del Canal Isabel II, Gracia Lloret, se han reunido ante las puertas de los teatros cerca de 300 personas para denunciar la intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de privatizar el servicio del agua.

Esta es una convocatoria más pequeña pero a partir de mañana comenzarán a desarrollar más movilizaciones. Así, van a realizar reuniones asamblearias en los distintos puntos de trabajo (porque los trabajadores del Canal II están repartidos por toda la Comunidad) y después celebrarán una asamblea general, además de manifestaciones y de solicitar una reunión con el PP para que les expliquen su política de privatización.

"Aguirre miente de una forma descabellada, porque, para empezar, por un principio ético, el agua es un bien de primera necesidad que deber ser publico", aseguró, al tiempo que destacó que si los gestores han asegurado que el Canal está bien gestionado, no entienden "qué necesidad hay de gestionarlo".

Además, indicó que ahora mismo, los ciudadanos de Madrid ya nos propietarios del agua, que es un servicio público, y en el momento que entre a Bolsa, será sólo de los accionistas. "Un servicio público, por principios, no se mantiene con los gastos de las ciudadanos, sino que requiere, si es necesario del apoyo de los presupuestos, que para eso pagamos los impuestos", apostilló.

En este sentido, como detalle, apuntó que si se privatiza la institución, los controles diarios que realizan ahora desde los laboratorios perderían calidad, pues las subcontratas "no los realizarán cada día y el servicio repercutirá finalmente en los ciudadanos", aseveró.

A la manifestación también acudió el diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid Fernando Camaña, quien dejó claro, en declaraciones a Europa Press, que la postura de su grupo es firme "desde el debate de la región, momento en el que se hizo el anuncio de la privatización del 49 por ciento del Canal".

"Estamos para apoyar a los trabajadores y en contra de la privatización de la corona de las empresas de la Comunidad", dijo Camaña, a lo que añadió que este movimiento de Esperanza Aguirre "supone el límite máximo permitido de la privatización" y que se está haciendo con el engaño de que "los madrileños podrán controlar su propia agua, cuando es ahora cuando pueden hacerlo al ser la empresa pública".

El diputado regional también criticó el acto que se celebraba en esos momentos, la inauguración del Teatro del Canal, "puesto que conlleva un gasto muy importante que no se concibe dentro de una política restrictiva del gasto". "Se podría destinar ese dinero, que se calcula en 60.000 euros, para otras cosas, como empleos o actuaciones públicas", añadió.