El CES da el visto bueno a la Ley de Libre Elección con la oposición de CC.OO y UGT

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) dio hoy el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Libre Elección de Médico, que permite la selección de médico de familia, pediatra o enfermero de Atención Primaria y de facultativo y hospital en Especializada, con la oposición de la sección sindical de la institución compuesta por UGT y CC.OO.

Según informaron a Europa Press desde CC.OO., el Anteproyecto sigue adelante en su camino en la tramitación en el Parlamento regional gracias a 16 votos del grupo de expertos y empresarial, la abstención del presidente y ocho votos en contra pertenecientes al grupo sindical, que se unen a las críticas de asociaciones sanitarias y sindicales por "generar desigualdades" entre centros.

El Anteproyecto del Ejecutivo dice la que libertad de elección podrá ejercerse en todo el territorio de la Comunidad de Madrid para lo cual "se organiza en un Área de Salud Única integrada por el conjunto del territorio de la región", frente a las 14 áreas actuales. Esta cuestión ha sido criticada además por lo que supondrá de reducir el número de liberados a tan sólo un centenar.

Los sindicatos consideran en su voto particular que el derecho a la libertad de elección de médico y demás titulados sanitarios "está reconocido en la Comunidad de Madrid y en el Estado desde el año 1986", por lo que la implantación de un área única, que suprime las once áreas sanitarias existentes, no está justificada y fomentará "desequilibrios territoriales", supondrá un "cambio del modelo de la prestación sanitaria en Atención Primaria" y "dificultará el trabajo coordinado continuado y en equipo".

Además, critican la redistribución económica que se hará en función del número de tarjetas sanitarias de cada centro, lo que generará "desigualdades", y abogan por mantener las áreas, limitar el número de tarjetas por profesional, incrementar los recursos más especializados de las coronas metropolitanas y los correspondientes a Atención Primaria en zonas rurales y limitar el ámbito de la liberta de elección a los recursos propios de la Comunidad de Madrid para evitar la "descapitalización".

ANTEPROYECTO DE LEY

El texto establece que podrán ejercer la Libre Elección los residentes en la región, que se ejercerá de forma individual por cada miembro de la unidad familiar y que en los casos de menores no emancipados o incapacitados, se ejercerá por sus padres, tutores o representantes legales.

Además, se llevará a cabo "sin necesidad de justificación alguna" y cuando no haya elección expresa de profesional, hasta que se produzca será la administración sanitaria la que procederá a la asignación previa de médico, pediatra o enfermero de Primaria.

La elección, en el caso de la Especializada (atención hospitalaria), supondrá que todos los actos relacionados con un mismo proceso clínico serán atendidos en el mismo hospital y, además, no será posible la elección simultánea de varios profesionales para el mismo proceso clínico.

Asimismo, de manera excepcional, la elección podrá ser denegada "mediante resolución debidamente motivada en los supuestos y por el órgano administrativo que se determine reglamentariamente". "La denegación sólo se tramitará previa petición del profesional sanitario debidamente justificada", señala el escrito.

El Anteproyecto también contempla que la libertad de elección no va a suponer más gasto global en el sistema sanitario porque se puede compensar el mayor gasto de unos centros con el menor gasto de otros, aunque señala que sí se necesita una reorganización burocrática que conlleva la implantación del área única y la "redistribución de los conceptos de productividad variable, que exige una negociación sindical". "No se alteraría el montante económico pero sí se redistribuiría de diferente manera", asegura el escrito.

Así, expone que en Atención Primaria se abre la posibilidad de que el paciente quiera ser atendido fuera de la zona donde reside, de manera que eso conlleva "el pago doble por asignación de tarjeta sanitaria". A renglón seguido, indica que el coste estaría ligado a la retribución por tarjetas sanitarias y al número de personas que opten por tener asignados profesionales de Primaria fuera de su zona básica, hecho que critican los sindicatos porque genera "desigualdades" entre centros.

Además, el texto del Anteproyecto afirma que se estima entre un 5 a un 10 por ciento de madrileños que en la práctica ejercerán este derecho, y añaden que será esta medida además al precio que se instaure por tarjeta, la que determinará el incremento final. En atención especializada no habrá incremento económico.

VOTO PARTICULAR

Debido a su posición en contra del Anteproyecto del Ejecutivo autonómico, la sección sindical en el CES, integrada por CC.OO. y UGT, ha defendido un voto particular en la votación celebrada hoy, y en él critican en primer lugar la "premura" con la que se ha tramitado el texto, al haber sido gestionado por procedimiento de urgencia.

La sección sindical señala que el derecho a la libertad de elección de médico y demás titulados sanitarios "está reconocido en la Comunidad de Madrid y en el Estado desde el año 1986", como se recoge en las normativas de carácter estatal y autonómico, por lo que consideran que este anteproyecto "no es un reconocimiento al derecho a la Libertad de Elección", sino la "modificación del ejercicio del derecho y de la estructura de la atención Primaria mediante la articulación de un Área Única de Salud".

En este sentido, critican la desaparición de las once áreas sanitarias, aún más cuando, según afirmó a Europa Press la secretaria de política social de CC.OO. de Madrid, Ana González, hace dos años se abogaba por aumentarlas hasta quince. Consideran también que las áreas no establecen barreras administrativas, sino "estructuras de gestión y responden a la necesidad de proximidad de los servicios a los usuarios y de gestión descentralizada y participativa".

Además, consideran que la eliminación de las áreas "fomentará el mantenimiento de equilibrios territoriales", ya que la asignación de recursos se hará en función del número de tarjetas sanitarias que tenga asignadas cada centro; que implicará un "cambio en el modelo de la prestación sanitaria en Atención Primaria", que se pasará a un modelo "eminentemente asistencialista" y que se dificultará "el trabajo coordinado, continuado y en equipo". En esta línea, señalan que la reducción de áreas supone la "reducción de Consejos de Salud en los que están representados los agentes sociales".

Además, afirma que la consecuencia del aumento de tarjetas sanitarias por facultativo, presumiblemente disminuirá los tiempos de dedicación alejándose de los diez minutos recomendados, y en este sentido, González indicó que se alcanzará un área de salud con 6,3 pacientes asignados, cuando las recomendaciones hablan de 250.000 pacientes como máximo en cada área.

En este sentido, señalan que la medida "podría beneficiar a un 2 por ciento de la población" y que "podría perjudicar, con una elección forzada o cambio de médico inducido, al 98 por ciento de la población restante".

Por último, critican que se da tratamiento a la ciudadanía de "sujeto-cliente" lo que "desvirtúa "el objeto del sistema sanitario porque se introduce un punto de vista "mercantilista".

En este sentido, González también criticó que está limitada la libertad de elección y que la última decisión queda en el médico, lo cual puede producir una "selección adversa" de pacientes y que haya determinados grupos que no sean escogidos por los facultativos, como puede pasar con los enfermos crónicos y en general de aquéllos que necesitan más asistencia.