La consejera se entera por los medios de que el Defensor del Pueblo solita nuevos informes al Gobierno regional
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha asegurado este lunes que todas las decisiones que se han tomado con respecto al centro ocupacional Magerit responden a "criterios técnicos de seguridad", en base a estudios realizados por arquitectos que señalaban el mal estado del edifico, tal y como se le ha informado al Defensor del Pueblo.
Asimismo, Hidalgo ha añadido que no ha recibido ninguna nueva notificación oficial del Defensor del Pueblo y ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que se haya enterado por los medios de comunicación de que esta institución le vaya a remitir una nueva comunicación a su departamento.
En ese sentido, la responsable regional ha señalado además que un informe del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid corroboró el mal estado estructural del centro ocupacional Magerit y manifestaba "la conformidad con las medidas propuestas por los técnicos del informe --encargado por la Consejería--, en aras de garantizar la seguridad".
A pesar de este informe,que motivó el cierre temporal del centro, la Comunidad de Madrid ha recordado que acordó con CC.OO. y UGT, en una de las comisiones de seguimiento que realizan semanalmente, encargar un nuevo informe más detallado sobre el estado de los centros ocupacionales al CEDEX.
La consejera ha recordado también que semanalmente se realiza una comisión de seguimiento con los representantes legales de las familias de los usuarios afectados por el cierre de los centros, con los que se mantiene un "diálogo y una colaboración fluida", para resolver posibles incidencias y ver casos particulares y ha destacado que la plataforma de afectados que se ha dirigido al Defensor del Pueblo es un grupo "minoritario y que no son los representantes legales de las familias".
DEFENSOR DEL PUEBLO
El adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que informe sobre si es posible, durante el tiempo en que duren las obras de rehabilitación del centro ocupacional Magerit, "mantener a los usuarios en la parte de los edificios que no presenten riesgos".
En caso de no ser posible, el Defensor pregunta al Gobierno regional por "la viabilidad de adjudicar un centro único para la atención de todos los usuarios del Magerit con sus trabajadores de referencia".
Estas son algunas de las conclusiones iniciales del Defensor del Pueblo después de que los familiares de los usuarios de este centro ocupacional ubicado en el distrito de Carabanchel pusieran en su conocimiento el cierre, con 48 horas de preaviso, de este centro que atiende a personas discapacitadas.
Además, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor ha notificado a la plataforma de afectados que se va a dirigir a la Administración autonómica "para solicitar un nuevo informe en el que se detallen las medidas que tenga previsto adoptar para minimizar los perjuicios a los usuarios y garantizar al máximo sus derechos".
Asimismo, requiere "detalle de la situación, reparto, ocupación y talleres disponibles en los diferentes centros ocupacionales, poniéndolo en relación con su capacidad y ajustes de estructura y personal que hayan resultado necesarios para atender a los nuevos usuarios" y "un informe sobre la demanda de los familiares de que se garantice que se van a acometer los trabajos de rehabilitación necesarios de los edificios afectados de tal forma que se procure el retorno de los usuarios en el plazo más breve posible".
Por último, el Defensor del Pueblo solicita un "informe sobre la adaptación de los usuarios en la residencia de Carabanchel y la situación y posibles trabajos de acomodo iniciados en la residencia de Vista Alegre".
ESCRITO DE LA CONSEJERÍA
En su informe, el Defensor del Pueblo recoge la información que le ha hecho llegar la Consejería de Familia y Asuntos Sociales respecto a las causas que han motivado el cierre "preventivo" de este centro ocupacional y los pasos e informes que han tomado como referencia para adoptar sus distintas decisiones.
Así, la Consejería explica que "se detectaron en octubre de 2010 una serie de grietas y humedades en el centro" y que, tras hacer el pertinente seguimiento, "ante la perspectiva de abordar una reforma integral, se estimó oportuno hacer un estudio más exhaustivo para determinar el alcance y la gravedad de las deficiencias", que se encargó a una empresa externa de "prestigio".
En su informe, emitido en febrero de este año, esta empresa externa determina, según explica la Comunidad al Defensor, que hay "gran cantidad de patologías", un "importante grado de corrosión de algunos pilares y un estado de generalizada oxidación en los elementos metálicos de la estructura" y "se pone de manifiesto la existencia de desplomes de fábricas, descensos de los planos de suelos, frecuentes manchas de humedad o desprendimientos de material en aleros y cornisas".
Además, según explica el Ejecutivo autonómico, el informe "pone de manifiesto la existencia de patologías que tienen o pueden tener un problema estructural serio, lo que aconseja que se deba realizar con urgencia un análisis de los mismos". "Se aconseja acometer trabajos llegándose a hacer necesaria la sustitución integral de algunos elementos metálicos de la estructura", añaden.
La Consejería explica al Defensor que los resultados recogidos en este escrito son los que llevan a sus responsables a tomar la decisión del "cierre preventivo" de la actividad del centro "para garantizar la seguridad" y a solicitar "que se acometan urgentemente las medidas técnicas de seguridad para salvaguardar la estabilidad del inmueble y garantizar la seguridad de los viandantes", decisión de la que se informa a los familiares y usuarios motivando así la causa de la queja.