La Comunidad informará a Moix de las medidas que adopte sobre los menores ingresados en centros de trastorno de conducta

Es una medida pionera establecida 'ad hoc' para estos centros, por lo que en unos días los nuevos ingresos se comunicarán a la Fiscalía

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, dieron a conocer hoy un nuevo marco de colaboración entre ambas instituciones por el que el Gobierno autonómico se compromete a informarle sobre todas las medidas que se adopten sobre los menores ingresados en los centros de trastorno de la conducta, "para reforzar la coordinación en la atención de menores protegidos".

Se trata de un documento elaborado después de tres meses de trabajo entre ambas administraciones, durante los cuales la Fiscalía ha visitado la residencia especializada de adaptación psicosocial de la región y ha mantenido diversas reuniones con técnicos de la Consejería.

Fruto de este trabajo nace este marco de colaboración entre las dos instituciones, que establece una serie de actuaciones de obligado cumplimiento para este tipo de centros. El fin último de estas medidas es dar una respuesta acorde a los cambios que se han producido en los últimos años en las residencias, a consecuencia de las nuevas características y necesidades que presentan los menores, así como de la especialización que precisa el trabajo con estos jóvenes.

Durante el acto, la consejera explicó que la principal novedad del trabajo que se desarrollará a partir de ahora, "estriba en maximizar la comunicación entre las residencias, la Administración regional, la Fiscalía y las familias de los menores, en todos aquellos aspectos que tengan que ver con la protección del menor, así como la convivencia de los centros".

"La especificidad del trabajo educativo y social que se lleva a cabo con los jóvenes que requieren una adaptación psicosocial nos ha llevado a establecer un marco de actuación único para los centros en los que ellos residen y no para el resto de la red de residencias para menores de la Comunidad de Madrid", aseguró Hidalgo, quien también reiteró que el Gobierno regional "quiere darles atención, apoyo y seguridad, y brindarles la oportunidad de integrarse plenamente en la sociedad".

MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Aunque algunos de los aspectos recogidos en el documento de trabajo y aparecen tipificados en el Decreto regional que desarrolla el Estatuto de Centros Residenciales, la Comunidad y la Fiscalía han establecido un sistema de actuación según el cual todas las medidas que se adopten con un menor habrán de ser comunicadas por escrito y de forma obligatoria al fiscal, independientemente de las inspecciones o visitas que éste quiera realizar a los recursos regionales.

Así, a partir de la próxima semana, le será siempre remitidos desde la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid la decisión de ingresar a un joven en un centro de trastorno de conducta, a lo que podrá oponerse si no lo considera oportuno. También se le transmitirá cualquier decisión que los responsables de los menores adopten para salvaguardar su integridad: la retirada de cualquier objeto o efecto personal que sea considerado ilegal o peligroso para el residente o para el resto de compañeros; el régimen de visitas y salidas o las medidas correctoras a aplicar ante conductas graves.

En este último caso, se precisa que estas medidas correctoras deberán ser proporcionadas, razonadas y justificadas, siendo inaceptables cualquier forma de castigo físico o humillación. Asimismo, la retirada de privilegios como respuesta educativa a comportamientos inapropiados, excluye la privación del sueño, de la alimentación, de la vestimenta, de la asistencia al centro educativo o la restricción de visitas o salidas con sus familiares.

Además, se detalla que las medidas de contención se aplicarán "única y exclusivamente" con el objetivo de evitar menoscabos a la integridad física del propio menor, sus compañeros o personal del centro, así como daños materiales graves a las instalaciones.

"Con este marco de colaboración, la Comunidad y la Fiscalía introducen un nuevo instrumento de trabajo que dará mayores garantías en la actuación con estos menores y que supondrá que la labor realizada por los profesionales de estos centros cuete con el máximo respaldo institucional", indicó Hidalgo.

Moix recalcó que este nuevo marco permite "perfeccionar" los mecanismos para mejorar la seguridad y la integración de los menores, "aumentando sus garantizar". "La Comunidad y la Fiscalía van avanzando en buscar mecanismos más garantizadores, así como la posibilidad de supervisar su tratamiento para reintegrar a los menores de estos centros en la sociedad", adelantó.

En la misma línea, la consejera señaló que el último objetivo es aumentar el bienestar de los residentes. Así, especificó que se avisará al Fiscal en caso de relaciones conflictivas inadecuadas o en la restricción de visitas. "Si pensamos que la correspondencia de un menor debe ser abierta porque tenga relaciones delictivas será comunicado a la Fiscalía", indicó.