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MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid va a invertir 29,5 millones de euros para un paquete de 648 cursos de formación, de los que sólo cuatro los impartirá un sindicato, en concreto, UGT, en un total de 192 centros, según han informado fuentes del Gobierno regional, que han concretado que es un único centro el adjunto a la organización sindical el que ha conseguido hacerse con la impartición de estos estudios formativos.
El portavoz y consejero del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este nuevo programa de formación profesional para desempleados se ha realizado ajustándose a las "necesidades del mercado" tras un estudio elaborado por la Universidad de Alcalá, que ha realizado encuestas a 1.800 empresas madrileñas representativas en todos los sectores.
Los 29,5 millones de euros, que son ampliables en un futuro hasta 40 millones, proceden de los fondos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destina a las comunidades autónomas para la formación. La mayor parte de estos cursos, que comenzarán en noviembre, serán impartidos en centros privados "acreditados y con amplia experiencia", según el Ejecutivo, a excepción de los cuatro concedidos a UGT.
Victoria ha explicado que la adjudicación provisional de estos cursos se ha realizado de forma "transparente" porque ha habido una "concurrencia pública" y que, incluso, se han presentado unos 40 centros nuevos por primera vez. "Se ha hecho una convocatoria pública y se han priorizado los cursos más cercanos a esas necesidades de formación y de los empresarios", ha indicado.
Así, ha señalado que se han presentado "multitud de centros de formación", que se ha tenido en cuenta su experiencia y que, tras analizar los presentados por los sindicatos, ha quedado patente que ellos "viven muy alejados de la realidad laboral" porque ofrecen cursos en áreas "menos preferentes".
En este punto, ha puesto como ejemplo algunos cursos de formación que ofertaban los sindicatos de risoterapia, nacionalidad, negociación colectiva, igualdad, inmigración o de diseño en photoshop, "cursos que nada tienen que ver con las necesidades de formación de los desempleados", ha subrayado Victoria.
"Es un problema de estos centros de formación sindical, que no estudiaban cuáles eran las necesidades de las personas desempleadas", ha considerado Victoria, quien ha añadido que espera que esto no suponga ningún "tipo de reacción u otoño caliente" por parte de los sindicatos. "Apelo a la responsabilidad de todos", ha indicado, destacando que hay que trabajar en la misma dirección por el "bien" común.
CAMBIO DE CRITERIOS
Por primera vez se ha cambiado el criterio de adjudicación de los cursos que se van a impartir primando las necesidades que demandan las empresas por encima de las que imparten la formación, en función de este estudio "profundo" elaborado por la Universidad. Victoria ha defendido que no se ha "improvisado" y que ha sido un trabajo "serio, riguroso y documentado, que lleva su tiempo".
De hecho, además de las 1.800 encuestas, se han cruzado más de 3,5 millones de contratos laborales de los dos últimos años para saber cuál era la demanda de las compañías. "También se ha procedido a estudiar las necesidades de formación de los exempleados y cuáles eran sus titulaciones", ha apostillado.
Entre las especialidades con mayor demanda en el mercado laboral, están la atención sociosanitaria, el mantenimiento de instalaciones eléctricas, las relacionadas con telecomunicaciones, promoción y desarrollo turístico, servicios fisiosanitarios y la gestión ambiental.
Los cursos previstos en esta convocatoria, de los que se podrán beneficiar unos 15.000 desempleados, incluyen algunos como Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas y frigoríficas; transporte sanitario; montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios; gestión de redes de voz; seguridad informática; inserción laboral de personas con discapacidad; gestión de recursos humanos, etc.
Quienes realicen estos cursos gratuitos, con formación teórica y prácticas, podrán obtener un certificado de profesionalidad reconocido en la Unión Europea. Desde el Gobierno recuerdan que parte de estos certificados van a ser imprescindibles para trabajar en determinados sectores a partir de 2015, caso del sector sociosanitario, tal y como marca la normativa europea.