Defensor del Pueblo pide cambios en las sanciones de la Ley Antibotellón porque el nivel de reincidencia "es muy alto"

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha pedido cambios en las sanciones incluidas en la Ley Antibotellón porque, según ha señalado, los cursos de formación sobre el alcohol a los que se acogen los infractores para evitar la multa económica no surgen efecto, pues el nivel de reincidencia es "muy alto".

En su informe anual, la institución destaca las denuncias sobre botellón en el barrio alcalaíno de La Garena y en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, "en los que cientos de jóvenes se concentran provocando numerosas molestias a los vecinos por el ruido que producen, lo que les impide el normal descanso en sus viviendas".

Asimismo, denunció la música que emiten los vehículos y los restos de suciedad y vidrios rotos que dejan a su paso. La promotora de la queja citada en primer lugar afirmaba que la Policía Local permanecía "inactiva" ante las denuncias formuladas por los ciudadanos por el consumo de alcohol en la vía pública.

Por lo que afecta al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, solicitada la información sobre la situación del barrio de La Garena, comunicó que el botellón "es algo frecuente en la ciudad, al haberse puesto de moda entre los jóvenes" y que desde la Policía Local "se hacen frecuentes inspecciones y se levantan actas, tanto por consumo de bebidas alcohólicas como por su venta a menores".

A la vista de las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Defensor del Pueblo estimó procedente formular la recomendación consistente en que dicha Administración local ejerciera las funciones tanto de inspección como de control y sancionadoras que evitaran la celebración del botellón en la localidad de Alcalá de Henares, erradicando dicha práctica molesta a los vecinos y ocasiona numerosos destrozos a propiedades privadas y municipales.

El infractor de la Ley Antibotellón tiene derecho a elegir entre las prestaciones en beneficio de la comunidad o la sanción, siendo su elección la que prevalece. Considerando la franja de edad de la personas que cometen este tipo de infracciones y el coste económico, la gran mayoría elige la participación en el programa.

"Tanto cuando se encargaba la Agencia Antidroga, como cuando se encarga el Ayuntamiento, la eficacia de las Jornadas sobre Consumo de Alcohol es prácticamente nula, siendo el nivel de reincidencia muy alto", ha indicado el Defensor del Pueblo.

Por lo anterior, la institución considera interesante afrontar una modificación de la Ley Antibotellón "para adoptar medidas que fuesen realmente útiles para solucionar el problema del botellón por parte de los ayuntamientos".

Por ello, ha solicitado un informe a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al objeto de conocer la situación de estancamiento en la tramitación de numerosos expedientes sancionadores por la comisión de las infracciones previstas en la Ley de drogodependencias y otros trastornos adictivos de Madrid, Ley 5/2002, de 27 de junio, y en concreto, por consumir alcohol en la vía pública, más comúnmente conocida como actividad de botellón.

Aunque desde enero de 2011 los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han asumido la gestión integral de las sanciones al haberles sido transferidas las competencias previstas en la ley más arriba citada, aún no se ha desarrollado aún por la Administración autonómica el artículo 52 de dicho texto normativo en lo relativo a las prestaciones en beneficio de la comunidad como sustitución de la sanción económica.

Por ello, el Defensor del Pueblo ha promovido un investigación de oficio, entre otras administraciones locales también afectadas, ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "al objeto de conocer la situación exacta de la tramitación de dichos expedientes y de las previsiones existentes de desarrollo del citado artículo 52, con el fin de dotar a las administraciones locales de los instrumentos necesarios para cumplimentar de forma integral el régimen sancionador de forma adecuada, en el que predomine la finalidad educativa frente a la puramente sancionadora".

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, pidió este mismo viernes que ha pedido la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que modifique la legislación en esta materia para que las personas sancionadas puedan cumplir directamente la multa y no haya opción a los cursos que actualmente se dan.