MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Delegados sindicales se han encerrado esta mañana en la sede de la Consejería de Justicia de la calle Gran Vía en protesta por la eliminación de 550 puestos de trabajo, ha informado CC.OO. en un comunicado.
CCOO, STAJ, CSIF y UGT denuncian que el consejero de Justicia, Salvador Victoria, ha ocultado supuestamente a los representantes de los trabajadores su decisión de eliminar estos puestos de trabajo en la Administración de Justicia madrileña, "eliminación que ha sido incluida, sin información previa alguna, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013 que se encuentran en trámite en la Asamblea de Madrid".
Asimismo, han acusado a Victoria de despreciar presuntamente a los trabajadores y de "no responder a las reiteradas exigencias sindicales de convocatoria de Mesa Sectorial para negociar la retirada de esta medida, así como el resto de los recortes de derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia, entre los que se incluye una congelación de la Oferta de Empleo Público y retirada de las ayudas sociales".
Según el sindicato, estos recortes se suman a "los que el Gobierno regional viene aplicando sin negociación alguna", aludiendo a la rebaja salarial en mayo de 2010 o al incremento de la jornada laboral.
Asimismo, han recalcado que "la eliminación de 550 puestos de trabajo (el 8,13% de la plantilla) afecta a todas la categorías profesionales de funcionarios de la Administración de Justicia que gestiona la Comunidad de Madrid (Médicos Forenses, Gestores Procesales, Tramitadores y Auxilio Judicial) y supone, en el proyecto de presupuestos autonómico para el año 2013, una reducción en las partidas destinadas a retribuciones de 13.038.558 euros".
"Sumando la reducción de gastos sociales de esos puestos, la reducción de retribuciones de IT, las ayudas sociales el recorte presupuestario en el programa de personal de la Administración de Justicia asciende a 18.440.284 euros", han señalado.
Los sindicatos han calificado de "intolerable" esta decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid porque, a su jucio, tendrá muy negativas consecuencias en el funcionamiento de una Administración de Justicia muy deficitaria en medidos personal y materiales.