Denuncian que seis explotaciones de áridos operan en situación de ilegalidad en el Parque Regional del Sureste

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ecologista El soto denunció hoy la existencia de seis explotaciones de áridos en suelos de protección en el Parque Regional del Sureste, vulnerando la normativa de este espacio natural y bajo el consentimiento de la Consejería de Medio Ambiente.

"La Consejería de Ana Isabel Mariño consiente que dichas explotaciones se sitúen en algunas de las zonas más frágiles y valiosas del Parque Regional", denuncian los ecologistas en un comunicado.

"La situación no difiere mucho de la encontrada hace dos años. En este tiempo tan sólo existe una explotación menos a las 7 encontradas en marzo de 2008. Es decir, a pesar de ser una circunstancia conocida por la Administración Regional y de haber expirado todos los plazos marcados por la normativa para el traslado de esta actividad de las zonas de mayor valor, todavía se permite que 6 empresas del sector minero prosigan haciendo negocio a costa del deterioro de un espacio protegido y de la conservación de la ribera del Jarama", plantean.

Según los ecologistas, estas 6 instalaciones vienen a infringir distintos aspectos de la normativa ambiental del Parque del Sureste por situar sus instalaciones o su actividad en los lugares de mayor valor ambiental (zonas A, de reserva integral; y zonas B, de reserva natural).

Las explotaciones localizadas se sitúan a lo largo de todo el tramo bajo del Jarama, desde el límite más al norte del Parque hasta la zona sur, en Ciempozuelos. Se trata de Peñalver (en San Fernando de Henares), Tramsa (en Arganda del Rey), Maresa (en San Martín de la Vega), Ampliación de Aricusa, Gravera del Jarama y Gravera de los Ángeles (en Ciempozuelos).

La normativa del Parque del Sureste (Ley 6/94, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales -PORN- y el Plan Rector de Uso y Gestión -PRUG-) establece que no pueden existir explotaciones de áridos en las aludidas zonas A y zonas B.

Al aprobarse la Ley del Parque en 1994 se daba la circunstancia que existían varias explotaciones en suelos incompatibles y, por tanto establecía que debían ser trasladas al aprobarse el PORN. El PORN (aprobado en 1999, con cuatro años de retraso) les daba un plazo de 5 años para que pusieran fin a su actividad; es decir, desde marzo de 2004 no debería existir actividad minera en estos suelos.

En marzo de 2009, la Comunidad de Madrid, "favoreciendo los intereses de estas explotaciones que operan al margen de la legalidad, estableció un plazo extra de 6 meses en el articulado del PRUG, contradiciendo el texto de la propia Ley", prosigue. "Aún con este regalo, desde septiembre del año pasado hubieran tenido que dar traslado a su actividad", añade.

Por otro lado, la normativa, a fin de dar más protección a los lugares de mayor valor ambiental, prevé unos márgenes de amortiguación de 100 metros respecto a las zonas de reserva integral y de 50 metros respecto a las zonas de reserva natural, en los cuales queda prohibida la actividad minera. "En los seis casos se incumple esta franja de protección", sostienen los ecologistas.

Según aseguran, en las zonas ocupadas por todas las explotaciones, se ha visto reducido a cero el bosque de ribera, ya sea producido por la acción extractiva, el tráfico intenso de camiones, el acopio de materiales y/o la presencia de diversas instalaciones (plantas de tratamiento, naves, aparcamientos...). "Pese al deterioro producido al río Jarama, para la Confederación Hidrográfica del Tajo el caso parece que tampoco iba con ellos", lamentan.

Algunas de estas explotaciones arrastran un largo historial de denuncias y sanciones. Especialmente llamativo es el caso de Gravera de Los Ángeles (Los Tranzones). Fue sancionada hace cuatro años por la Consejería de Medio Ambiente por arrasar un importante yacimiento arqueológico, por daños al Jarama y por no tener aprobada Declaración de Impacto Ambiental. A pesar de esto, sigue en explotación. Aún con todo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no tiene ningún reparo en autorizarla nuevas explotaciones en el Parque Regional.

"La existencia de seis explotaciones de áridos en suelos incompatibles en el Parque del Sureste manifiesta una vez más el abandono, la desidia y la nula voluntad de la Consejería de Medio Ambiente por la conservación de este espacio protegido", según los colectivos ecologistas. Aseguran estar "hartos de situaciones como ésta, mientras exista una Consejería de Medio Ambiente como la que gestiona Ana Isabel Mariño será imposible cualquier política coherente con la conservación en los espacios protegidos de la Región".