La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas obtiene el visto bueno del CES con la oposición de los sindicatos

Se oponen a la reforma de la ley del suelo que "'levanta' las competencias de los Ayuntamientos"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid con la oposición del grupo sindical en el organismo (compuesto por CC.OO. y UGT) que criticó la fiscalidad, así como los cambios en la Ley General del Suelo de la Comunidad de Madrid y la Ley de Cajas, entre otras cosas.

El Grupo Sindical del CES presentó un voto particular contra el informe positivo del Consejo al anteproyecto de ley en el que critican que "una vez más" la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "amplía el objeto de la ley", que son las medidas fiscales y administrativas, "para modificar normas sin tener que debatirlas una a una".

En las cuestiones fiscales, desde el grupo sindical critican que la ley "sigue marcando la brecha entre la imposición directa y la imposición indirecta" y que la política fiscal de la Comunidad se ha caracterizado desde 2003 por "una bajada constante de los impuestos" que ha llevado a la región a "una crisis fiscal sin precedentes".

En este caso, dicen que la Comunidad dejará de ingresar 2.100 millones de euros en 2010 y que la política de "regalos fiscales beneficia apenas al diez por ciento de los 3,3 millones de contribuyentes", por lo que los regalos "además de injustos no van a contribuir a reactivar el consumo ni la actividad económica".

"La caída de ingresos de los Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid ha sido significativa y constante desde el año 2008", señala y estima que para 2010 "se estima en 2.182 millones".

A renglón seguido, el texto expone que la bajada de impuestos directos no incentiva el consumo y que "en términos absolutos, el gasto en consumo privado por habitante pasará de 12.450 euros en 2007 a 11.740 en 2009, un descenso de 710 euros por habitante".

Tras destacar que "en materia de ingresos fiscales el presupuesto de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos para el año 2020 decrece en términos reales un 4,47 por ciento", dicen que esta caída intenta cubrirse "con las posibles transferencias corrientes del nuevo sistema de financiación autonómica, que todavía no están garantizados". Asimismo, destacan que la caída de ingresos trae como consecuencia la reducción del gasto público del 2,5 por ciento y de la inversión real del 16,9 por ciento.

En medidas concretas, señalan que las deducciones y bonificaciones aplicadas por el Gobierno regional en el IRPF "merman la recaudación" y se refieren a las rebajas fiscales que se van a aplicar a familias con dos o más hijos con ingresos menores a 24.000 euros anuales y a las que se van a dar por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades.

"Las dirigidas a las familias no tendrán gran impacto en aliviar la carga impositiva de los ciudadanos con rentas más bajas, dado que va dirigidas a las familias con dos o más hijos y rentas inferiores a 24.000 euros", indican para decir que el ahorro del diez por ciento de la cuota regional del IRPF supondrá un ahorro aproximado de 158 euros, y que beneficiarían a 150.000 familias, "menos del diez por ciento del total".

Además, critican las deducciones asociadas con los gastos educativos y los uniformes y dicen que ningún centro público obliga a sus amigos a vestir uniforme.

Desde el Grupo sindical se opone al mantenimiento del mínimo exento general establecido para la Comunidad de Madrid en la Ley de Medidas de 2007 y consideran un "error" la supresión del impuesto de Patrimonio y el mantenimiento de la supresión del impuesto de donaciones.

Critican también la reducción del 4 por ciento del tipo impositivo para la adquisición de vivienda habitual a familias numerosas porque las más necesitadas no lo son, así como otras bajadas como la de actos jurídicos documentados o transmisiones patrimoniales.

REFORMA DE LEYES

En cuanto a la modificación de la ley del Suelo, que permite que los proyectos urbanísticos de promotores privados puedan regularse como los de interés regional o de urgencia, los sindicatos exponen que la medida posibilita "sustituir la licencia municipal por un acto unilateral de la Comunidad de Madrid" y que "levanta las competencias de los Ayuntamientos en esta materia".

Además, al respecto de la nueva redacción del artículo 18 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, del Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, el Grupo Sindical opina que no se puede dejar que el sector se regule por si mismo.

La reforma de la Ley de Cajas introduciendo el Sistema Institucional de Protección (SIP) y regular como única condición previa que haya una autorización previa de la Consejería de Hacienda también la ven "no necesaria" para que la Caja "pudiera alcanzar esos mismos acuerdos con otras entidades bancarias".

Además, critican que la autorización de la Consejería "permitiría al Gobierno regional tener la última palabra en los acuerdos estratégicos de la Caja no solo en fusiones".

EN CONTRA DE LA LEY

El representante de UGT en el CES, Juan Luis Martín Sierra, criticó que la Comunidad apoye la reducción de los impuestos directos, ya que consideró que eso no incentiva el consumo, como señala el Ejecutivo regional.

Asimismo, se opuso a la reforma de la ley de suelo propuesta por el Ejecutivo de Aguirre y criticó que puedan ser tramitados por vía urgente o de interés regional proyectos de promotores privados, que los promotores privados puedan "beneficiarse de exención de licencias municipales" y que pueda darse una "alteración" de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

En el caso de la modificación de la ley de la función pública criticó que la prolongación de la vida laboral esté supeditada a las "condiciones psicofísicas". A este respecto se preguntó qué son, quién las valora, y señaló que "puede vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad".

Por su parte portavoz de CC.OO., Jaime Cedrún, explicó a Europa Press que en el encuentro de esta tarde han conocido un informe por los representantes de Aguirre en el CES que no deja de ser "escueto", en el que se recoge "lo bonita que es la ley" y que no viene mal "un poquito más de liberalización.

Al igual que sus compañeros, opinó que las rebajas fiscales de Aguirre en los últimos tres años "no han contribuido a crear empleo ni a dinamizar la economía en Madrid" y concretamente, en 2009, cuando más rebajas fiscales ha habido, "la Comunidad es la que peor evolución de paro está teniendo en todo el Estado".

Por otro lado, consideran que son unas rebajas que van a las rentas altas y para demostrarlo, Cedrún mostró sus cálculos. Así, la rebaja del punto del IRPF "le supone a un mileurista un céntimo de beneficio al día"; la nueva rebaja para las familias mileuristas les va a suponer "como mucho 45 céntimos al día" mientras que la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones "suponen unos regalos fiscales de 60 euros al día a los millonarios o a los hijos a los millonarios".

También piden que se elimine la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en relación al artículo de interés regional "porque va a ser otro motivo de conflicto, pero en esta ocasión con las administraciones locales" y están en desacuerdo con una nueva modificación de la Ley de Cajas porque "sólo busca el control de Caja Madrid por parte del Gobierno regional".

Otros aspectos como la decisión de la jubilación anticipada en el personal estatutario de Sanidad, según Cedrún, son "impresentables", no sólo porque no están de acuerdo con las medidas adoptadas sino porque, además, les "parece sorprendente" que venga la Ley "sin antes haber pasado por la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores".