La privatización del Canal de Isabel II, a votación

Cartel De La Consulta Social Sobre La Privatización Del Canal De Isabel II
Foto: PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII
Actualizado: domingo, 4 marzo 2012 11:29

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los madrileños podrán votar hoy en más de 245 mesas constituidos en barrios de la capital y municipios de la región si quieren que el Canal de Isabel II siga siendo "cien por cien público", según ha informado la Plataforma contra la Privatización de Isabel II.

   Esta organización ha planteado la celebración de una consulta popular para que los ciudadanos de la Comunidad puedan responder con un 'Sí' o un 'No' en papeletas homologadas a la pregunta '¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?'.

   Asimismo, esta plataforma --constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos sociales-- contará con la colaboración de numerosas asambleas populares de barrios y pueblos de Madrid del movimiento 15M, que consensuaron en asamblea conjunta celebrar esta Consulta Social.

   Durante esta semana, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de información a los ciudadanos sobre este proceso de privatización, las razones por las que consideran que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público, así como los motivos por los cuales es necesario realizar esta consulta social.

"TOTAL OPACIDAD" CON LA QUE SE LLEVA A CABO

   Esta organización ha lamentado la "total opacidad" con la que se está llevando a cabo este proceso, iniciado con la publicación en el BOCM del 30 de diciembre de 2009, la  LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

   En el artículo 16 de esta ley se establece la creación de una sociedad anónima a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes, y a la cual también se incorporarían los trabajadores.

   Según han apuntado, una vez constituida la sociedad se pondrían a la venta acciones de la misma mediante la enajenación de hasta un máximo del 49 por ciento del Canal de Isabel II. "Hasta aquí la ley. El 45 por ciento sería de la Comunidad de Madrid y por un pacto fuera de esta ley, los ayuntamientos proclamarían no vender un 6 por ciento de su 20 por ciento, para mantener por ahora el 51% bajo control público", han dicho.

   La "opacidad" con la que, según han dicho, se está desarrollando este proceso, afecta "tanto para la ciudadanía como para los gobiernos municipales", han criticado. "No se dice cuánto valen el 'sinnúmero' de propiedades, tanto en cuanto a terrenos como a infraestructuras, con las que cuenta el CYII (empresa pública desde hace 150 años), ni el precio con el que se va sacar a la venta", han dicho.

"NO SE JUSTIFICA"

   En este sentido, han aseverado que la privatización del Canal "no se justifica desde el punto de vista técnico", pues esta entidad lleva 150 años dando a los madrileños "un servicio de calidad", ni desde el punto de vista económico.

   Así, han argumentado que la entidad produce cada año "cuantiosos beneficios" --entre 100 y 150 millones de euros, han estimado-- que "revierten en la dotación de infraestructuras", como son el caso de los Teatros del Canal o Metrosur, entre otros. Además, han apuntado a que la privatización produciría "un encarecimiento del servicio y del agua", así como "una disminución de la calidad", que han argumentado el régimen de monopolio en el suministro de agua.

   Por último, han criticado que la privatización causaría "daños medioambientales muy importantes", pues han razonado que "una empresa privada no promoverá campañas de ahorro", al ir "contra el espíritu de cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo".

   "Recordemos que España es un país en donde los procesos de sequía son cíclicos y, por tanto, son necesarias las campañas periódicas de promoción del ahorro de un bien indispensable para la vida de, absolutamente, todos los seres del planeta, de un bien que no se produce y que tiene una demanda rígida", han aseverado, rematando finalmente que "procesos como éste persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas".

   Asimismo, han recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU "definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud", y que en Italia se llegó a realizar un referéndum vinculante sobre la privatización del agua.

   "Sin embargo, en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento", han concluido.