Podemos denuncia ante la Fiscalía al rector de la URJC por presunto cohecho y prevaricación con el convenio del hangar

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado una denuncia ante la Fiscalía de Móstoles contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y prevaricación por el convenio para la cesión del hangar de la institución de Fuenlabrada con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) .

   Así lo ha avanzado a los medios de comunicación el diputado de la formación morada Eduardo Rubiño para considerar que las Justicia debe investigar si el rector utilizó estas instalaciones como su "chiringuito" para negocios privados del "señor Ramos y sus amigos".

   Rubiño ha señalado que los convenios a los que ha tenido acceso su grupo sobre la cesión del hangar y las informaciones publicadas por El País, que recoge correos entre Ramos y varias personas con accionados en esta empresa, revelan hechos "muy graves" que pueden ser constitutivos de delitos con penas de seis años de prisión y 12 de inhabilitación.

   "Estamos hablando de delitos graves que deben ser investigados por la Justicia" ha asegurado el parlamentario de Podemos para recalcar que, como partido "comprometido con la transparencia y la limpieza en las universidades", le corresponde presentar esta denuncia para que se investigue, "caiga quien caiga" y que la universidad no se vea "manchada" con un asunto que "huele muy mal".

   En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, se alude también a posibles delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, al entender que utilizó "información y posición privilegiada" dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.

   Además, la formación sospecha que Ramos interpuso a una tercera persona de su "confianza" en esta sociedad como una "protección adicional" para evitar ser identificado en la misma con intención de beneficiarse de la actividad de la empresa mediante este convenio, al que aportó un trato "diferenciado" y "privilegiado".

   La denuncia solicita al Ministerio Público que se tome declaración con la apertura de diligencias la propio Javier Ramos y al exrector de la institución Fernando Suárez, que ocupaba el cargo cuando se impulsó el convenio. También se cita a una arquitecta que elaboró en el proyecto de hangar y eal gerente de la empresa concesionaria.

EL RECTOR NEGÓ CUALQUIER VINCULACIÓN ACCIONARIAL CON LA EMPRESA

   El rector Javier Ramos aseguró a finales de mayo que el convenio de gestión con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) para utilizar un hangar de la institución en Fuenlabrada, es "legal" y negó cualquier vinculación accionarial o económica con esta empresa.

   Así lo expuso entonces en el seno del Consejo de Gobierno de la URJC haciendo referencia a la información publicada por el diario El País, que aludía a que habría creado esta empresa junto a otros socios y que tiene suscrito un convenio con la universidad para el uso de esas instalaciones.

   Respecto a los comentarios suscitados en este foro sobre este convenio de gestión del hangar, Ramos explicó que este acuerdo entre la URJC y la empresa EATC (posteriormente Aviation Group) fue rubricado por el anterior rector Fernando Suárez y no por él, detallando que se siguió el "procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios".

   También aludió a un informe interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo a un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo para recalcar que "ambos coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía".

   El rector insistió en negar "rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico" con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio, para detallar que solicitó un "peritaje" para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ordenar la reducción de la duración del convenio vigente para que pase de 25 a 4 años.