La Policía podrá entrar en el campus sin permiso de rector

Según una propuesta de protocolo entre universidades y Delegación de Gobierno dirigida primeramente a la Universidad de Alcalá

   MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional podrá intervenir en vías y lugares de tránsito público de las universidades madrileñas sin la autorización de los órganos rectores de la misma, aunque deberán contar con su consentimiento para entrar a los edificios, "salvo para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofes, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad".

   Esta es una de las novedades del borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, entre la Delegación del Gobierno en Madrid y las universidades públicas de la región sobre la intervención en las mismas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   El protocolo, que ya está redactado, está previsto que se firme en unos días, si cuenta con el amparo de la universidad, entre el rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para luego trasladarlo al resto de universidades.

   Hace unos meses que se iniciaron los contactos entre las universidades y la institución gubernamental, a raíz de los incidentes desarrollados en el último año en los campus, especialmente en la Complutense a raíz de huelgas, protestas y comportamientos violentos de algunos asistentes. Y también de los roces y reproches entre el rector y la delegada por alguna de la entrada y/o actuaciones de la Policía en el campus.

   Precisamente, una de esta situaciones problemáticas ocurrió en marzo de este año, cuando la Policía desalojó el Vicerrectorado, que fue 'okupado' por más de 50 detenidos.

COORDINAR ACTUACIONES

   El documento pone 'negro sobre blanco' las condiciones de entrada de la Policía en la universidad y aunque les permite el acceso al campus sin permiso impone "el deber de coordinar dichas actuaciones con la Universidad en la medida que pudiera afectar a las funciones que la misma tiene encomendadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)", salvo que "la inmediatez de la actuación lo impida".

   "La autonomía universitaria, reconocida en el artículo 2 de la LOU, ha de conjugarse con la necesaria intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, por lo que resulta conveniente precisar los supuestos en que es necesaria el previo consentimiento de la autoridad universitaria para la intervención", señalan.

   Respecto al protocolo específico con la UAH, incluye que toda concentración o manifestación que se celebre en el interior de su campus debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno en forma y plazo "irá acompañada de las FCSE para garantizar su adecuado desarrollo y evitar que se perturbe la seguridad ciudadana".

   Además, cuando las autoridades universitarias tengan conocimiento de la convocatoria de una concentración o manifestación en el interior de su campus que no haya sido comunicada o que no cumpla las condiciones lo pondrán en conocimiento de la Delegación del Gobierno "mediante escrito en el que habrá de concretarse la fecha y lugar de desarrollo y en el que además se indicará de manera clara e indubitada la conveniencia de la presencia de miembros de las FCSE".

   Al igual que la cláusula anterior y con los mismos efectos, cuando la Delegación tenga conocimiento de la convocatoria de una protesta en el interior del campus que no haya sido comunicada o que no reúna los requisitos exigidos, lo comunicará al Rectorado.

   El protocolo tendría una duración de un año, a contar desde su firma, prorrogable anualmente, salvo que una de las dos partes lo denuncie con dos meses de antelación a la fecha de extinción del protocolo.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

   Conocido esta propuesta de protocolo, CCOO ha criticado que con su firma las universidades "asumen el papel de prolongación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los campus universitarios al asumir voluntariamente la obligación de comunicar a Delegación del Gobierno la fecha, hora y necesidad de que las fuerzas policiales estén presentes en aquellas convocatorias de una concentración o manifestación en el interior del campus universitario que no haya sido comunicada o que no cumpla las condiciones y requisitos de la LORDR".

   El sindicato recuerda que en España rige el principio de autonomía universitaria recogido en la Constitución española y en la Ley de Ordenación Universitaria. "El rector de la universidad es el máximo responsable dentro de los límites de la universidad y las fuerzas de orden público no pueden entrar en la universidad, edificios y campus sin la petición expresa del rectorado. Al menos hasta ahora", señalan.

   CCOO considera un "ataque frontal contra la libertad de expresión, reunión y asociación" y supone, a su juicio, una "criminalización preventiva de la expresión pacífica por parte de la comunidad universitaria de sus distintos posicionamientos en relación a la realidad de las universidades y de la situación social, política y económica de nuestra sociedad".

   "Somos los primeros en reclamar la expresión pacífica de estos derechos y el respeto a los que piensan de diferente forma, pero dar libertad plena a la actuación policial en los campus universitarios y presumir que cualquier manifestación y concentración de trabajadores o estudiantes debe ser tratada como una amenaza a la seguridad es totalmente inaceptable. Los rectores no pueden asumir esta renuncia a la autonomía universitaria y a la pluralidad de formas que adopta la libertad de expresión en sus comunidades universitarias bajo el paraguas formal de un 'protocolo de seguridad", añade el sindicato, que pide su retirada.

   Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid ha instado a todos los rectores madrileños a rechazar "con firmeza" el protocolo y "cualquier intento de control por parte de la Delegación de Gobierno en contra del derecho a la autonomía universitaria".

   El sindicato considera que se trata de un intento por parte del departamento que dirige Cifuentes de "amordazar a los universitarios mediante el control de las concentraciones y manifestaciones que se celebran en el interior de los campus universitarios". "Este protocolo no es sino un medio para tratar de acallar el descontento de la juventud madrileña por la gestión educativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha destacado.

   Asimismo, UGT quiere manifestar "su más profundo rechazo" a este protocolo, "pues además de contribuir a la pérdida de libertades de la población estudiantil, estarían asumiendo la renuncia a la autonomía universitaria". Por eso, ha pedido a sus delegados en los órganos universitarios para que "se nieguen contundentemente" a la firma de dichos protocolos.

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