Tomás Gómez, junto a profesionales y sindicatos sanitarios, exige a Aguirre que no aplique el Área Única antes de 2011

Acusa a la Comunidad de Madrid de promover el uso de "servicios sanitarios privados en los nuevos desarrollos"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, exigió hoy, tras a escuchar a dieciséis organizaciones profesionales y sindicatos sanitarios, a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que no aplique hasta después de las elecciones de 2011 la Ley de Libertad de Elección de Médico, que suprime las once áreas existentes por una sola de 6 millones de habitantes.

Gómez se reunió en la sede de los socialistas madrileños en la plaza del Callao con los representantes de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad de Médicos de Atención Primaria de Madrid, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, la Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios, la Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria, entre otros, y con los portavoces sanitarios de Comisiones Obreras, UGT y la CSIT UP-SIME.

Tras abordar con ellos las consecuencias de la aplicación de la Ley de Libre Elección de Médico y Área Única, el líder del PSM afirmó que van a "hacer todo lo posible para que no se ponga en marcha", al tiempo que exigió a Aguirre que aplique norma "sin que se produzca el proceso electoral del año que viene".

"Es una ley que va a cambiar sustancialmente el sistema sanitario en Madrid, que va a terminar de deteriorar los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid", consideró Gómez para decir que una ley de tal calado tiene que contar con los ciudadanos, y se cuenta con la opinión de los ciudadanos en las votaciones "cuando se producen elecciones".

"Que sean los ciudadanos, el año que viene en las elecciones autonómicas, los que decidan si quieren ver destruido el sistema de atención primaria en la Comunidad de Madrid", aseveró, y dijo que "cuando el PSM llegue al Gobierno, la primera medida que se tomará será la derogación de la ley del Área Única".

Gómez se opuso a la norma porque "amenaza la viabilidad y la sostenibilidad del sistema madrileño de salud, va a perjudicar los intereses de los madrileños" y "es una ley que tiene claros visos de inconstitucionalidad en algunas partes de su articulado".

Asimismo, destacó que va a suponer "un desastre de gestión" en la sanidad madrileña. En este sentido, afirmó que la Ley General de Sanidad establece que tiene que haber un área de salud por cada 250.000 ciudadanos.

"La sanidad de Madrid se autoelimina la obligación de construir un centro de salud por cada 25.000 ciudadanos", criticó Gómez, que señaló que los vecinos de los nuevos desarrollos de la Comunidad "no van a tener un centro de salud próximo, en su barrio" con esta nueva norma.

Así, dijo que estos vecinos podrán recibir asistencia donde la recibían anteriormente o "lo que quiere la Comunidad de Madrid", que es "que se que empiecen a utilizar servicios sanitarios privados en los nuevos desarrollos".

"Muchos centros de salud tienen el doble y algunos el triple de presión asistencial", afirmó Gómez, que añadió que en 2010 la situación será "peor" porque se ha reducido en un 25 por ciento la inversión.

CAMPAÑA CIUDADANA

El líder socialista dijo que van a comenzar una campaña de información sobre la ley porque cree que los ciudadanos no han recibido suficiente información de sus consecuencias. "La Ley del Área Única es mala para el conjunto de los ciudadanos madrileños", señaló, al tiempo que apuntó lo que quiere el Ejecutivo regional con la norma es la "privatización" de la sanidad.

En este punto, dijo que la privatización ya ha empezado con cosas como las citas previas, una medida que ha costado "40 millones de euros", y que hace que la Comunidad esté "pagando dos veces" por lo mismo, ya que hay funcionarios que hacen la misma tarea.

La campaña se celebrará en Internet, con trípticos y en las puertas del centros de salud, según aseguró el líder socialista, que apuntó que se reunirán con asociaciones del conjunto de la región y que se va a trasladar a los ciudadanos "el calado y la trascendencia de una medida que va a perjudicar al conjunto de los madrileños".