El TSJM anula el plan especial de la finca de Torre Arias y blinda su valor patrimonial

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado de forma definitiva el Plan Especial de Protección y Ordenación de la finca de Torre Arias, blindando así su valor patrimonial.

Este plan fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de julio de 2014, entonces con Ana Botella a la cabeza, y preveía la demolición de varios inmuebles incluidos en la finca. Este espacio es un lugar
singular del distrito de San Blas-Canillejas muy querido por el vecindario.

El Plan Especial de Botella modificó el Plan General de Ordenación Urbana y tenía como objetivo la cesión de la finca a la Universidad de Navarra para la instalación en ella de su sede madrileña.

En una sentencia fechada el pasado 18 de marzo, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara nulo el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprobó el Plan Especial de Protección y Ordenación de la finca. Y lo hace para siempre, pues concluye que contra el fallo "no cabe interponer Recurso ordinario de Casación".

Según el fallo, "el problema de la catalogación de bienes --realizada por el Ayuntamiento-- es que se atiende a la especificidad y no al conjunto olvidando el destino y la finalidad de la Finca y que es ella, al completo, la que es objeto de protección en los términos físicos que delimitan su historia".

Los magistrados exponen que el estudio queda en entredicho cuando sobre la misma "se ha encontrado una escultura de terracota atribuida al escultor barroco francés Michel-Ange Slodtz (1705-1764)".

Según el fallo, el hallazgo confirma la apreciación del perito de parte, página 45, cuando señala que el informe de la CLPH 12/2014 ya se emitía favorablemente cuando aún no habían comenzado los trabajos de desbroce de la vegetación".

Los magistrados hacen suyas otras razones de la parte recurrente, echando por tierra las conclusiones de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma, destacan la ausencia de los informes de evaluación ambiental y de la Confederación Hidrográfica preceptivos, así como de un estudio económico-financiero que tenga un mínimo de rigor, tres aspectos que, por si solos, sirven para declarar nulo el Plan Especial.

La "evaluación económica de la Memoria se reduce a una enumeración desnuda de partidas económicas globales, que resulta ayuna de cualquier indicación de su sentido y de si existen -o no- las fuentes de financiación que posibilitarían su ejecución práctica por lo que este motivo se estima igualmente", remacha el fallo judicial.

ORIGEN DE LA FINCA

La Quinta de Torre Arias es una gran finca nobiliaria. En una zona alta, atravesada por dos arroyos y con unos jardines que reflejan el devenir de la hacienda durante los últimos siglos, se alza un singular palacio de unos 200 metros de fachada.

A esta edificación se suman, formando un gran patio, cuadras, vaquería, pajares, horno, con tinajones para el aceite o el grano, y unos frontales con numerosos portalones protegidos por estructuras de madera singulares.

Un matadero, dos invernaderos con gran valor histórico, acequias, fuentes de bronce, puentes sobre los arroyos y otros elementos de importancia completan las construcciones de esta quinta que conserva su doble función de espacio de recreo en el entorno del palacio y finca de producción agrícola en la zona colindante con la calle de Alcalá.

En 1986, la propiedad pasó al Ayuntamiento de Madrid a cambio de la recalificación de otros terrenos de los hasta entonces propietarios. El Consistorio permitió que la anterior propietaria mantuviese el uso de la Quinta hasta su muerte. Ésta, a cambio, se comprometió a realizar el mantenimiento de las instalaciones, aspecto que no se ha respetado.

Cuando en 2012 falleció la propietaria, la Quinta pasó a ser de pleno derecho del Ayuntamiento. Es entonces cuando comienza un movimiento vecinal que reclama la apertura al público. En julio de 2014 el Ayuntamiento aprobó un Plan Especial que modificó el Plan General de Ordenación Urbana y que tenía como objetivo la cesión de la finca a la Universidad de Navarra para la instalación en ella de su sede madrileña.