BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
UGT de Cataluña ha instado este lunes al Gobierno catalán a que intervenga en Ficosa para garantizar que no haya despidos y para que se mantengan las condiciones laborales, ha informado en un comunicado.
Esta petición llega después de que la familia Tarragó --propietaria del 44% del accionariado-- haya pedido un consejo de administración urgente por las informaciones periodísticas que aseguraban que los Pujol --directivos de la compañía-- planean vender la multinacional catalana, previsiblemente a inversores asiáticos.
El sindicato ha recordado que la Generalitat acaba de refinanciar un préstamo participativo de más de 50 millones de euros y que ha renunciado a ocupar dos puestos en el consejo de administración de la compañía.
"Pediremos a la Generalitat que se involucre, no sólo para visitar las plantas de Ficosa en la India, sino también para mantener los puestos de trabajo que tiene en Cataluña", ha sostenido, en una clara referencia al reciente viaje del presidente de la Generalitat, Artur Mas, al país asiático.
En esa línea, se ha preguntado si la apuesta de país que hacen las multinacionales catalanas pasa por venderse a capitales extranjeros, rebajar condiciones laborales y reducir empleos o, simplemente, por "recoger ayudas económicas pagadas por la ciudadanía de Cataluña".
"No podemos entender que la empresa plantee un proceso de negociación para homogeneizar las condiciones laborales tremendamente a la baja si el objetivo final es la desintegración de la multinacional", ha criticado.
TARRAGÓ
La familia Tarragó ha pedido conocer los detalles del mandato supuestamente otorgado a un intermediario financiero para la búsqueda de potenciales inversores en Ficosa, cuyo futuro parece decantarse hacia una propiedad asiática y a su división y troceado en varias compañías, que serán colocadas en el mercado para garantizar su continuidad.
Ha considerado que Ficosa necesita una sustancial y urgente ampliación de capital y la entrada de nuevos socios, y que esta recapitalización deberá comportar un cambio en la gestión del grupo y estar orientada a la recuperación y sostenibilidad futura de Ficosa, "no a su deslocalización, debilitamiento o liquidación".
Según ha añadido, la familia Pujol tiene la "ineludible obligación legal y moral" de informar a sus accionistas, empleados clientes y proveedores sobre sus planes para abordar la que ha considerado crítica situación de la compañía.
CONFLICTO FAMILIAR
La familia Tarragó inició en 2011 un conflicto judicial contra los Pujol, accionistas mayoritarios de Ficosa, porque se vieron obligados a abandonar las funciones ejecutivas dentro de la compañía el pasado verano.
Josep Maria (exvicepresidente de Ficosa) y Jordi Tarragó (que ocupaba un puesto en el área financiera) demandaron a Ficosa por despido improcedente y presentaron una denuncia penal contra la empresa y contra su consejero delegado y primo de ambos, Xavier Pujol, por presunto falso testimonio y falsificación documental durante una vista judicial.
El origen del conflicto se inició en 2009, tras el fallecimiento de Josep Maria Tarrragó Fabó, cofundador de Ficosa, y se basa en una batalla accionarial entre las dos familias.
Los Tarragó, que cuentan con el 44,38% de las acciones, acusan a la otra parte de la familia de utilizar una sociedad con sede en las Antillas Holandesas y otra en Panamá para desequilibrar la balanza entre ambas familias y hacerse con una participación mayoritaria en Ficosa.