La inspección de 11.000 contratos en 2017 propició que casi la mitad se convirtieran en indefinidos

La Consejería de Empleo promovió que 5.277 contratos se transformaran en fijos o modificaran su porcentaje de parcialidad

MURCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 48 por ciento de los contratos de trabajo revisados durante el año 2017 en la Región de Murcia fueron convertidos por las empresas en indefinidos, a raíz de la detección de un fraude de ley en los mismos. Concretamente, de los 10.979 contratos inspeccionados (de tres tipos: temporales, a tiempo parcial, y de formación y aprendizaje), 5.277 se transformaron en indefinidos o sufrieron una modificación del porcentaje de parcialidad que recogían previamente.

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa dio a conocer hoy los datos de la campaña, llevada a cabo durante el año pasado por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. Dicha campaña, que abarcó todos los sectores de actividad de la Región, tenía como objetivo fomentar el empleo de calidad a partir de la identificación y subsanación de irregularidades, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero Juan Hernández ha destacado que "los resultados evidencian que la labor de inspección es fundamental, porque se traduce en un empleo de más calidad para el trabajador. Es prioritario reforzar las actuaciones que impidan los contratos fraudulentos, y en 2018 incrementaremos las actuaciones para el control de la temporalidad y la verificación de que los contratos formativos se ajustan a ese fin".

En el caso de los contratos temporales, a lo largo de 2017 se revisaron un total de 9.579, de los cuales 4.344 se convirtieron finalmente en indefinidos por parte del empresario. Esto supone que el 45,3 por ciento se encontraban en fraude de ley, frente al 41,5 por ciento de 2016. Como consecuencia de las actuaciones practicadas en esta materia se detectaron 166 infracciones que dieron lugar a otros tantos expedientes sancionadores.

Por lo que se refiere a los contratos a tiempo parcial, la campaña se centró en determinar si el porcentaje de jornada establecido se correspondía con el horario real de prestación de servicios de los trabajadores. Así, fueron examinados 1.099 vínculos laborales de este tipo, de los que 685 sufrieron una modificación de la parcialidad (el 62,3 por ciento, frente al 60 por ciento del año 2016).

Finalmente, se inspeccionaron 301 contratos de formación y aprendizaje destinados a jóvenes menores de 30 años, de los que 248 se convirtieron en indefinidos (un 82,3 por ciento, mientras que en 2016 variaron un 42,8 por ciento).

Los contratos de formación y aprendizaje se basan en acuerdos a los que llegan las empresas con aquellos jóvenes que desean adquirir experiencia remunerada en un oficio o ejercer las funciones de un puesto para el que todavía carecen de formación adecuada.

Hernández ha subrayado que "al igual que es importante que el 20 por ciento de las inspecciones realizadas conlleve una sanción, hay que destacar ese 80 por ciento que no la llevan, es decir, empresarios que contribuyen al bienestar y a la prosperidad de nuestra sociedad".

650 ACTUACIONES PARA LA CAMPAÑA DE 2018

Hernández ha afirmado que "la lucha contra el fraude en la contratación es un compromiso de todas las administraciones involucradas en este ámbito", y subrayó que "la calidad en el empleo comienza con el derecho a tener un contrato que se ajuste a la legalidad. Por ello, las más de 650 actuaciones programadas para la nueva campaña de 2018 no sólo buscan el cumplimiento de la normativa laboral, sino que luchan por los derechos de los trabajadores".

Esas actuaciones no se ciñen únicamente a la detección de contratos en situaciones irregulares, sino que abordan además campos como la prevención de riesgos laborales, el control de prestaciones de la Seguridad Social o la identificación de actividades de la economía irregular.

Así, algunas medidas concretas serán la supervisión de las condiciones de seguridad en la construcción, la prevención de riesgos de seguridad vial, centrada en furgonetas de traslado de trabajadores y en los camiones o la correcta integración laboral de las personas con discapacidad.