Reverte asegura que la Eurocámara no congelará los fondos comunitarios para España por los abusos urbanísticos

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno murciano, Maria Pedro Reverte, manifestó hoy que la Eurocámara no congelará los fondos comunitarios para España, tal y como se aseguró ayer tras aprobar el pleno del Parlamento Europeo un informe que así lo solicitaba si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

"No nos la van a quitar", indicó, de todas formas "es un informe que ha recibido los votos en contra de los eurodiputados del PP y las abstenciones del Partido Socialista, sólo cuatro de esas 150 denuncias se relacionan con la Región de Murcia y además dos de ellas son genéricas", explicó.

En concreto, señaló, "una parecer ser que es la de una ciudadana inglesa que se quejaba por un tema de la vivienda y otra de una asociación de 'Salvemos a Mojacar'".

Además, "la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones que están refrendadas por la Eurocámara", de manera que "no puede prosperar la pretensión de que se nos congelen los fondos que recibimos de la UE por ese informe".

A su juicio, "se puede cambiar el urbanismo de toda las costas", pero es especialmente importante el dato del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que señala que la superficie que se ha urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha crecido durante los años 2000-2005 un 22 por ciento en España y un 27,2 por ciento en todo el litoral mediterráneo español, mientras que en la Región de Murcia "sólo lo ha hecho en un 14,9 por ciento".

Es más, continuó, "según el mismo informe, de las 93.932 hectáreas urbanizadas en el mediterráneo español sólo 6.665 pertenecen a la Región de Murcia, es decir, sólo el 7 por ciento del total". Además la superficie de espacio naturales protegidos en la Región se ha multiplicado por tres con este gobierno, pasando de 77.914 hectáreas en 1995 a más de 260.000 hectáreas en la actualidad". Tras lo que apostilló, en la Región de Murcia se está llevando el tema con muchísima contención".

INFORME

Y es que el pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE. El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue rechazada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos. Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".