Rosa Díez lleva al Congreso una reforma legislativa para impedir que los imputados puedan ser candidatos

Quiere obligar a los partidos a publicar sus cuentas en Internet

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública para poner fin a la "lamentable" situación que supone que más de 100 imputados vayan en las listas electorales del 22-M, la mayoría implicados en causas judiciales de corrupción que concurren en las filas del PP y del PSOE.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz nacional del partido, Rosa Díez, en una rueda de prensa que ha compartido con su 'número dos' a la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de UPyD, Ramón Marcos, para dar cuenta del contenido de una iniciativa que pretenden que pueda ser debatida y votada en la Cámara Baja en el actual periodo de sesiones.

Y es que Díez considera que es urgente que se tomen ya medidas contra la corrupción política, "la peor de las corrupciones", según sus palabras, porque "socava" la democracia y nuestras instituciones, "distorsiona" los mercados, "merma" la calidad del sistema democrático y "espanta" a los ciudadanos.

PARA EVITAR MÁS CASOS GÜRTEL

La política vasca ha justificado la presentación de esta iniciativa, con la que se evitarán casos como el de los ERES andaluces o el 'caso Gürtel', subrayando que en la actualidad España se sitúa en el puesto 15 de los 27 países miembros de la UE en el 'Índice de Percepción de la corrupción 2010', año en el cual, según ha recalcado, sólo la Policía nacional incoó más de 1.000 asuntos por casos de corrupción.

La diputada de UPyD ha recordado que su partido introdujo recientemente una enmienda en la Cámara Baja a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que imposibilita que personas condenadas con sentencias no firmes por delitos contra la administración pública puedan concurrir en las listas electorales para dejar claro que con esta proposición pretenden ir "más lejos".

Y es que, según el texto de su propuesta, ahora bastará con que la persona esté imputada por delitos de terrorismo o contra la administración pública para que, por Ley, sea inelegible. En relación con esta medida, UPyD plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que el juez o magistrado instructor pueda dictar la prisión provisional o la medida cautelar de suspensión de empleo o cargo público del imputado según el caso.

Y es que, a su entender, es bastante "poco edificante" que ahora, a poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, el debate se centre en ver cuántos imputados lleva cada partido en sus listas y hasta qué punto uno está más "manchado" que otro.

EN LAS LISTAS DE UPYD NO IRÍA NUNCA CAMPS

"Un sólo imputado mancha las listas de todo un partido político", ha proclamado Díez, quien espera que socialistas y 'populares' se muestren favorables a esta propuesta pese a que hayan rechazado algunas de las medidas que en ella se recogen con anterioridad. "Que lo que no hacen por voluntad lo hagan por presión pública", ha apuntado en este sentido.

Tras recalcar que en las listas de UPyD no podrían concurrir ni el presidente valenciano, Francisco Camps, --imputado por el llamado 'caso de los trajes' presuntamente regalados por la trama 'Gürtel'--, ni el candidato imputado de IU a la Alcaldía de Sevilla por el 'caso Mercasevilla', porque así lo establecen los Estatutos del partido, el 'número dos' de la lista de UPyD a la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha pasado a hacer un prolijo repaso de algunas medidas contra la corrupción que se recogen en su iniciativa.

En su iniciativa, UPyD aboga por establecer una pena de prisión de seis meses a un año e inhabilitación absoluta de uno a tres años para aquellas personas que, ostentando algún cargo directivo de un partido político, admitiera dádiva, regalo, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado que le fueran ofrecidos por su cargo.

MEDIDAS PARA EVITAR CONTRATOS FRAUDULENTOS

Asimismo, propone una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que contempla una serie de actuaciones que refuerzan los principios de objetividad, publicidad e imparcialidad y prevenir posibles adjudicaciones de contratos fraudulentas y plantean un refuerzo del régimen de incompatibilidades de cargos electos, altos cargos y empleados públicas de todas las administraciones públicas.

Así, UPyD es partidaria, entre otras cosas, de limitar al 5 por ciento la participación directa o indirecta en el capital de las empresas o sociedades en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público.

Además de exigir una regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el partido de Rosa Díez plantea que sea incompatible el cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador, parlamentario autonómico y parlamentario europeo.

Del mismo modo, UPyD subraya la necesidad de despolitizar el Tribunal de Cuentas y, para ello, plantea que sus miembros sean designados por los órganos jurisdiccionales, y no por las Cortes y, que éstos tengan más de quince años de ejercicio profesional, que se incremente el número de consejeros para que puedan emitir sus informes como máximo dentro de los seis meses siguientes al ejercicio al que afecta la fiscalización y que se dé la máxima publicidad a estos documentos.

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Asimismo, el partido que lidera Rosa Díez reclama una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para limitar por ley el número máximo de personal eventual y de libre designación, y para establecer una duración de cinco años para los cargos de directivo público.

Además, aboga por que la Ley de Financiación de Partidos Políticos obligue a las formaciones a hacer públicas en su página de Internet sus cuentas anuales de forma consolidada antes del 30 de junio del año siguiente al que aquéllas se refieran.

La proposición de ley de UPyD también da cuenta de algunas medidas a favor de la transparencia en la gestión pública, apartado en el que plantea que los presupuestos públicos se divulguen de forma gratuita por Internet y que las sociedades, fundaciones y entidades públicas hagan lo propio con su contabilidad.

Además, propone dotar de la máxima transparencia a la gestión económica de las subvenciones, los sindicatos y organizaciones empresariales y las retribuciones de los cargos públicos, así como regular las campañas de publicidad institucional.