Un abogado se querella en la Audiencia Nacional contra el Rey por el 23-F al entender que ya no es inviolable

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido Soberanía ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el Rey Juan Carlos acusándole de haber participado en la denominada 'trama civil' del 23-F para solicitar a este órgano judicial que tenga en cuenta que ha perdido la inviolabilidad desde el momento de la abdicación.

El abogado querellante José Luis Mazón ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez Santiago Pedraz, que rechazó la demanda que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno Felipe González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el libro de la escritora Pilar Urbano 'La gran desmemoria'.

En su escrito, el partido destaca que Don Juan Carlos abdicó de la Jefatura del Estado este lunes y, por lo tanto, "perdió" la inviolabilidad derivada de este cargo, debiendo ser investigado por un presunto delito de rebelión.

Además, amplía la querella para investigar la relación del exdiputado socialista Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en el "golpe blando".

PEDRAZ RECHAZÓ LA QUERELLA

El magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad",

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 apuntó que la Constitución "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".

En relación con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".

La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".

La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".