Abogados anuncian una querella por prevaricación contra el juez belga si admite la demanda contra Llarena

En la plataforma figuran el exmagistrado del TS Prego, el exfiscal Gordillo y el catedrático González de Cuéllar

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de juristas Movimiento24DOS, presidida por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás González Cuellar, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas ante los tribunales españoles contra el juez belga al que ha correspondido la demanda civil contra el instructor de la del 'procés', Pablo Llarena, si no la inadmite de plano.

Este grupo, en cuya junta directiva figuran letrados de la talla del exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, considera que la demanda presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo español por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros es "fraudulenta" y supone un "injustificado ataque a la integridad y dignidad de la jurisdicción española" por parte de los "golpistas".

Así, y en el caso de que dicha demanda no sea inadmitida de plano de inmediato, la plataforma anuncia que presentará una querella criminal por prevaricación y usurpación de funciones públicas, ya que consideran que el juez belga se atribuye una jurisdicción de la que carece.

Para ello se personarán ante el tribunal español competente "en ejercicio de la acción popular", según indican en el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

LO APUNTÓ CASADO

El anuncio de la querella va en la línea de lo manifestado este lunes por el Presidente el PP, Pablo Casado, que pidió a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el Juzgado belga por "inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española".

Este grupo de abogados se reserva además el ejercicio contra dicho juez de acciones civiles ante los tribunales españoles "por los daños que se ocasionen en el Interés colectivo de la ciudadanía en general y los profesionales en Derecho en particular en el mantenimiento de la independencia de nuestro sistema de justicia", concluyen.