Acvuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos y listas electorales

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.

Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.

La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo, recogido por Europa Press, se votará este jueves en el Pleno del Congreso.

Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.