Anticorrupción recurrirá para apartar a Goméz Bermúdez de la investigación de los 'papeles de Bárcenas'

La Fiscalía cree que Ruz debe asumir la instrucción por sus nexos con el 'caso Gürtel'

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá esta semana la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de investigar la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

El departamento dirigido por Antonio Salinas tiene previsto recurrir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 por el que admitió a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) y llamó a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y a diez empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' como supuestos donantes del PP.

La Fiscalía baraja dos posibilidades: presentar un recurso de reforma, que sería resuelto en primera instancia por el propio juez Gómez Bermúdez, o interponerlo directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, superior jerárquicamente a los jueces instructores.

Tal y como le hizo saber el pasado viernes en un escrito que le envió a Gómez Bermúdez, la Fiscalía Anticorrupción considera que el competente para investigar estos hechos es el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que el jueves abrió una pieza separada de esta causa después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) encontrara tres nexos entre la trama de corrupción y los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Gómez Bermúdez adoptó esta decisión a pesar de que el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió su inhibición a favor del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que abrió una pieza separada el pasado jueves para investigar estos hechos. En su auto, Gómez Bermúdez señalaba que el informe "no es preceptivo y, por lo tanto, tampoco vinculante".

DOCE QUERELLADOS

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 investigará a todas las personas contra la que se dirigía la acción penal presentada por IU a excepción del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo, al considerar que resultaría "prematuro" darles la condición de imputados y "sólo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte del curso de ésta".

Los imputados por Gómez Bermúdez son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros.

También llamará a declarar con esta condición procesal a Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que habría pagado entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, supuesto donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, que habría pagado al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que habría donado al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.

El juez también pidió "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado" y solicitó al juez Ruz que le traslade los autos del 5 de febrero y el 1 de marzo en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto unas diligencias, así como el informe de la UDEF en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.

A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.