Anticorrupción recurrirá el archivo de las investigaciones contra clientes de Villarejo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea de archivar las investigaciones contra varios antiguos clientes del comisario jubilado José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 decidió cerrar ayer la investigación que mantenía abierta en dos de las piezas de la causa que se inició en noviembre de 2017, cuando el expolicía fue detenido junto a su abogado, Rafael Redondo. Los dos llevan desde entonces en prisión provisional.

Una de las piezas es la denominada 'Iron', que investigaba a cuatro directivos de un despacho de abogados que contrataron presuntamente los servicios del expolicía para hacer un informe de seguimiento de varios antiguos socios. El juez considera que los letrados no conocían ni la condición ni los métodos de Villarejo.

En otra de las pieza, la denominada 'Land' y que continúa bajo secreto, estaban imputados tanto el comisario como los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda. De Egea ha decidido archivar la investigación contra estos dos últimos.

Sin embargo, Anticorrupción no está de acuerdo con el criterio del magistrado, ya que considera que sí existen indicios muy claros contra los antiguos clientes de Villarejo por los que deberían seguir imputados.

En el caso de 'Iron', el juez instructor afirma que los cuatro miembros del despacho desconocían la condición de agente de Policía o funcionario público de Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del comisario, iba a llevar a cabo. Además, apunta que desconocían igualmente "el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law.

En cambio, fuentes jurídicas aseguran que existen grabaciones en las que el comisario jubilado les cuenta a sus clientes que trabaja en la Policía Nacional, por lo que los fiscales del caso ven claro que hay motivos para continuar investigando.

De este modo, recurrirán los dos archivos, pero lo harán en apelación y no en reforma, es decir, que se saltarán el trámite de recurrir ante el propio magistrado su decisión y elevarán su petición directamente a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.