La APM dice que los vigilantes privados ya practicaban detenciones y JpD y la Francisco de Vitoria critican la nueva ley

JpD pide no garantizar la seguridad ciudadana con medios privados y la Asociación Francisco de Vitoria ve la medida como un "exceso"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha afirmado este miércoles que en la práctica ya estaba ocurriendo lo que la nueva Ley de Seguridad Privada permite ahora explícitamente respecto a la detención de personas por parte de vigilantes privados, mientras que Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Francisco de Vitoria han criticado este punto por considerar que solo el Estado debe ejercer el uso de la fuerza.

El presidente de la APM, Pablo Llarena, ha dicho que esa práctica "se estaba aplicando ya en la vida cotidiana" y que lo único que hace la Ley de Seguridad Privada es "dar carta de naturaleza" a lo que establece el Artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual cualquier persona puede detener a otra en determinadas circunstancias (a alguien que está cometiendo un delito, a un detenido o un preso que se fugue, etcétera).

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que cualquier arresto que efectúe un empleado de una empresa de seguridad privada estará "sometido a un control por parte de los organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" (FCSE) y que el vigilante deberá poner inmediatamente al detenido a disposición de las FCSE y explicar los hechos que han justificado su actuación.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, la ley es innecesaria porque en España no hay un problema de seguridad, y ha destacado que las cifras son de las más bajas de Europa y que en las encuestas la seguridad no aparece como un problema a ojos de los ciudadanos.

Pero además, ha subrayado que una ley de este tipo no sólo no mejorará la protección de la seguridad, sino que puede "empeorarla", puesto que los vigilantes no tienen el mismo nivel de formación que policías y guardias civiles. Así, Bosch cree que unos y otros no pueden ejercer las mismas responsabilidades y augura conflictos de competencia en un futuro.

Sin querer hacer un examen jurídico detallado hasta que la ley sea aprobada definitivamente, ha subrayado que en un Estado de Derecho el monopolio del uso de la fuerza sólo puede estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y "no se puede privatizar el orden público" ni "garantizar la seguridad ciudadana con medios privados".

"DIFÍCIL ENCAJE" CON LA CONSTITUCIÓN

Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria ha advertido de que la ampliación de las competencias de los vigilantes privados tiene "difícil encaje" con la Constitución y con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece que sólo estos pueden hacer funciones policiales.

Según su portavoz, Marcelino Sexmero, que los vigilantes puedan identificar a ciudadanos o detenerlos fuera de los establecimientos donde trabajan son "excesos" que suponen una "privatización de la policía". Además, ha rechazado que se puedan atribuir funciones de mantenimiento del orden público a un trabajador de una empresa privada, que depende de quien le contrata.

Para Ángel Dolado, de la Asociación Foro Judicial Independiente, no es adecuado dar a los vigilantes la facultad de detener, porque puede crear "disfunciones" con policías y guardias civiles. Pero además, ha advertido de que podría darse el caso de que las patrullas ciudadanas creadas en algunas localidades contraten a vigilantes de seguridad y, de esa forma, además de prevenir delitos pretendan detener al delincuente, algo que a su juicio deberían hacer sólo las FCSE.