Asociación de jueces cree que el anteproyecto recuerda a la antigua Ley de vagos y maleantes

Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y APIF recuerdan que no se pueden limitar derechos fundamentales

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de jueces y fiscales han recordado este martes, al valorar la futura Ley de Seguridad Ciudadana que pretende impulsar el Gobierno, que para mantener la seguridad no se pueden limitar derechos fundamentales, y han calificado de "desproporcionadas" algunas de las sanciones previstas en el texto, que para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria recuerda a la antigua Ley de vagos y maleantes.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Lucía Girón, ha subrayado, sin entrar a valorar específicamente las sanciones de la futura ley, que "las medidas para garantizar la seguridad nunca pueden limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o la libertad de expresión".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha indicado que el anteproyecto de ley orgánica parece una "ley de excepción" que "no va en consonancia con la democracia" y que "recuerda" a la Ley de vagos y maleantes, que fue aprobada en 1933 y se mantuvo durante el franquismo hasta 1970.

A su juicio, se prevé "una protección excesiva de la seguridad" en detrimento de la libertad ciudadana, que "no está suficientemente garantizada". Tras afirmar que "sobran muchas de las sanciones", ha criticado también la "desproporción evidente" que ve en las multas previstas.

Además, ha apuntado que algunos contenidos incluidos en el anteproyecto son "innecesarios" porque se refieren a cuestiones ya reguladas por el Código Penal, y ha lamentado que en ciertos casos "no habrá control posterior" por parte de los tribunales porque el aumento de las tasas judiciales impedirá que algunas personas puedan recurrir las sanciones.

SANCIONES DESPROPORCIONADAS

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, también considera que las multas son "absolutamente desorbitadas" y que el objetivo del Gobierno parece ser "desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales".

Asimismo, ha censurado que faltas contempladas en el Código Penal pasen a ser delitos o infracciones administrativas, de manera que la Administración se convierta en "juez y parte". Este hecho, unido a las nuevas tasas judiciales, generará "situaciones muy cercanas a la indefensión", ha advertido.

En su opinión, el Gobierno promueve esta ley porque ha visto "frustradas sus aspiraciones" de que los tribunales castiguen ciertas conductas que estos no valoran como delito ni falta, como las manifestaciones pacíficas junto a edificios públicos o los escraches frente a domicilios de cargos públicos o sedes de partidos.

CASTIGAR CIERTAS FORMAS DE PROTESTA SOCIAL

Bosch ha cuestionado la idoneidad de la futura Ley de Seguridad Ciudadana, afirmando que en España "no existe un problema de seguridad" y que la sociedad "no percibe" que lo haya. A su entender, el Gobierno "no pretende actuar para mejorar la seguridad, sino que persigue, desde una perspectiva autoritaria muy discutible, castigar determinadas formas de protesta social".

El portavoz de JpD ha instado al Ejecutivo a, en un "momento de conflictividad social" como el actual, intentar "convencer a los ciudadanos con argumentos de que su gestión es adecuada", en vez de "castigar a quienes (...) expresan sus discrepancias de manera pacífica".

Por último, se ha referido a la intención del Gobierno de calificar como infracción grave el ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores o en aquellos lugares donde se pueda ver afectada la seguridad vial.

Multar a las prostitutas, que son personas "explotadas", supondría una "criminalización de la pobreza", ha declarado Bosch, para quien el anteproyecto de ley, "más que buscar espacios de seguridad", responde a una serie de "parámetros sobre moralidad y buenas costumbres".