MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) considera "injusto" el arresto que está cumpliendo el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, por criticar en los medios los recortes, pero no participará "como asociación" en la manifestación convocada para el próximo sábado por AUME ante el Ministerio de Defensa.
En un comunicado, ASFASPRO ha dejado claro que considera que esta sanción es "probablemente un arresto injusto y lesivo del derecho a la libertad de expresión de los representantes de las asociaciones" y mantiene el "apoyo" que ya manifestado a Bravo, pero ha explicado que su junta directiva ha decidido "por unanimidad" no participar en la concentración.
La asociación de suboficiales ha indicado que es "consciente del débil respaldo del Ministerio de Defensa a las asociaciones profesionales y los escasos logros conseguidos", así como de que "el inoperante Consejo de Personal tiene muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la institución".
"SE ESTÁ A TIEMPO DE VARIAR EL RUMBO"
Sin embargo, sus miembros están también "firmemente convencidos de que se está a tiempo de variar el rumbo", dado que próximamente se tramitará el nuevo régimen disciplinario y ya se ha constituido la subcomisión en el Congreso que deberá reformar la Ley de la Carrera Militar.
Eso sí, han avisado de que un "retrógrado" nuevo régimen disciplinario o la no modificación de la Ley de la Carrera Militar "sí podrían ser el objetivo de la adopción de este tipo de medidas extremas, que por su repercusión y alarma social obligan a un profundo análisis previo".
En todo caso, animan a los responsables del Ministerio de Defensa, a la Comisión de Defensa y al resto de asociaciones profesionales de militares "a reflexionar sobre los graves problemas de personal, a reconocer su existencia y a buscar alternativas de solución antes de llegar al conflicto disfuncional".
ASFASPRO es una de las asociaciones que forman parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, puesto en marcha a la luz de la Ley de Derechos y Deberes de los militares que se aprobó en la pasada legislatura.