Asociaciones prosaharauis critican que el Gobierno español no tramite una denuncia por la venta de armas a Marruecos

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete asociaciones jurídicas y sociales prosaharauis expresaron este lunes su "profunda decepción" por el hecho de que la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, haya impedido la tramitación de la denuncia administrativa que presentaron el pasado 9 de abril para solicitar la limitación de las transferencias de armamento español a Marruecos.

A su juicio, el pronunciamiento de la secretaria de Estado de Comercio "se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español y con las del presidente del Ejecutivo español, quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno", según dicen en un comunicado.

Estas asociaciones habían presentado una denuncia administrativa para solicitar tanto la revocación de todas las autorizaciones de exportación de material bélico a Marruecos que se hubiesen concedido hasta la fecha como la denegación futura de cuantas solicitudes se lleguen a presentar en cualquier momento por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y la normativa europea (Posición Común 2008/944/PES1C).

Iranzo contestó a las asociaciones firmantes el pasado 29 de abril que "carecen de la legitimación necesaria al carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando".

También afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que "no cabe (...) facilitar el acceso" de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009.

El motivo es que "las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales", explicó.

Pero las asociaciones manifestaron en un comunicado que "la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas".

VIOLACIÓN DE DERECHOS EN SÁHARA

En su respuesta, Iranzo subrayó que el Gobierno "analiza caso por caso y de manera completa cada operación al Reino de Marruecos, habiendo aplicado los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre" y "especialmente los criterios 2 (respeto de Derechos Humanos), 4 (situación regional) y 7 (riesgo de desvío)".

Sin embargo, las asociaciones insistieron en que "la violación de los Derechos Humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental (...) debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones".

Igualmente, consideraron que "los recientes y luctuosos sucesos protagonizados por los ejércitos de Tailandia e Israel, países receptores de armamento español durante el 2009, no presagian que los controles realizados por el Gobierno español eviten lo que la secretaria de Estado de Comercio (...) califica como un 'uso no deseado'".

Iranzo había asegurado que las autoridades españolas "han exigido" en cada solicitud "documentos de control muy estrictos, en concreto certificados de último destino firmados por las autoridades del Reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseados".

La denuncia administrativa del 9 de abril está firmada por la Asociación de Familiares de Presos y Detenidos Saharauis (Afapredesa), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos-JUPADEHU.