Baleares garantiza por ley comida, ropa y techo a todos los ciudadanos

PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament aprobó este martes, con la abstención del PP, la Ley de Servicios Sociales que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables. Es la primera vez que una Comunidad autónoma aprueba una ley de estas características.

A partir de la aprobación de la normativa, se iniciará un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.

De acuerdo lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.

Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.

Conviene señalar que otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consellerias de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convierten desde hoy en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita, según aclaró la consellera del ramo, Fina Santiago.

En concreto, durante la sesión de hoy fueron aprobadas tres de las 51 enmiendas presentadas por el PP, además de una transacción del PSM, mientras que ya habían sido incorporadas otras nueve correcciones y cuatro transacciones de los 'populares'. Una de las enmiendas que salieron adelante en el pleno hará que el artículo 36.B de la Ley establezca la elaboración de un plan estratégico de servicios sociales, mientras que otra de las correcciones añade un punto al mismo artículo a fin de fomentar la iniciativa social y empresarial que fomenten la excelencia mediante la prestación de servicios de calidad.

Asimismo, la tercera de las enmiendas aprobadas servirá para que el artículo 90 establece que las subvenciones realizadas eviten "discriminar o empeorar la igualdad de oportunidades de todas las entidades privadas que presten servicios concertados con la administración.

Por último, en lo que se refiere a la transacción a una de las enmiendas que afecta al artículo 24.7 de la normativa, ésta señala que la cartera prevista no contemplará nunca una rebaja de las prestaciones y servicios otorgados a los ciudadanos en el momento de la aprobación de la Ley ni una reducción en la financiación de los Consells Insulars y Ayuntamientos para la ampliación de los mismos.

Durante el pleno, Fina Santiago manifestó que mediante esta normativa, que contiene en total 139 artículos y cuatro disposiciones, el Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones, al tiempo que aclaró que hasta su aprobación se ha seguido un proceso "muy participativo". Mientras tanto, la parlamentaria socialista Cristina Rita afirmó que será la Ley que "más incidirá sobre las personas y ayudará a las capas más vulnerables de la sociedad".

VOTO "A UN CHEQUE EN BLANCO"

No obstante, el diputado del PP Antoni Serra advirtió de que su formación no daría su voto "a un cheque en blanco cuando no sabemos cuántas personas se beneficiarán, unos datos que esperábamos conocer, y tampoco se concretan cifras económicas", incidiendo en la necesidad de que haya una cuantificación de necesidades y la determinación de cómo se financiará.

Por otra parte, Serra criticó que ésta establezca una cantidad de 3,6 millones de euros, en referencia al 50 por ciento de los servicios sociales básicos, sin que se determine a qué programas hace referencia y se preguntó si esta cifra permitiría solucionar todos los problemas sociales de las islas.