Bankia apunta a Blesa y Barcoj como responsables directos de las 'black'

Señala que Rato emitió nuevas tarjetas coincidiendo con la aprobación del recorte en el sueldo de los directivos bancarios

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La emisión y gestión de tarjetas 'black', cuyo uso para gastos personales ha sentado en el banquillo a 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia, se hizo al margen del circuito legal establecido en la entidad nacionalizada y sorteando los cauces habituales, según concluye la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, que, con la aportación de una nueva pericial, estrecha el cerco en la figura de Miguel Blesa y de Ildefonso Sánchez Barcoj como responsables últimos de este sistema.

Se trata de un informe elaborado por KPMG al que ha tenido acceso Europa Press e incluido por Bankia como prueba pericial tres días antes de que arrancase el juicio de las tarjetas opacas, y que concluye que no existe constancia de que los órganos de gobierno de Caja Madrid ni el Comité de Medios aprobaran tarjetas de esta naturaleza así como tampoco consta que fueran solicitadas por el Departamento de Recursos Humanos.

El estudio va más allá y aclara que las 'black' "no pudieron constituir una forma de remuneración de los consejeros porque ello hubiese resultado contrario a la normativa vigente" y destaca la ausencia de regulación en este tipo de práctica pese a "las fuertes limitaciones legales en cuanto a la modalidad y cuantía de las percepciones" impuestas a los directivos.

Esta prueba se suma a una serie de nuevos correos entregados por Bankia al tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional y que apuntan al exdirector financiero de ambas entidades, Ildefonso Sánchez Barcoj --para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión--, como máximo responsable de los plásticos.

Sobre estas pruebas periciales las defensas de los acusados expusieron en las cuestiones previas de la vista que la pretensión de Bankia de incluir "en este momento tan tardío" del proceso dichas informaciones sobre la emisión y gestión de los plásticos, se puede entender como un "fraude procesal".

Además añadieron que Bankia carece de legitimación legal para acceder a esa información argumentando que Caja Madrid es una entidad jurídica diferente, y le acusaron de vulnerar la Ley de Protección de Datos con la difusión del desglose de los cargos efectuados a las tarjetas, y que en su mayoría fueron destinados a joyas, ropa, viajes, alimentación y hostelería.

Los beneficiarios de estas tarjetas -- a las que cargaron un total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012-- tampoco justificaron los gastos conforme a los requisitos establecidos por Caja Madrid y no existe "mención alguna" de su existencia en los documentos aprobados por unanimidad por el Consejo de gobierno de la entidad en aquellos años, según reza el dossier.

EMISIÓN DE NUEVAS TARJETAS

El informe califica de "dato significativo" que, a fecha de 1 de enero de 2012, con Rodrigo Rato en la presidencia de Bankia, solo estuviera operativa una de las tarjetas 'black', mientas que, una vez aprobado el Real Decreto-Ley 2/2012 y que incluía una significativa reducción de las retribuciones de los consejeros y directivos de la entidad, se emitieron otras tarjetas de este tipo que, según reza el escrito, no se llegaron a utilizar.

La prueba pericial hace referencia concreta al Real Decreto Ley sobre el Saneamiento del Sector Financiero, según el cual los salarios de los directivos de aquellas entidades que habían recibido dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) --entre ellas Bankia-- no podrían cobrar remuneraciones anuales superiores a los 600.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, a su llegada a la Bankia Rato decidión que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid (Manuel Fernández Norniella, Matías Amat y Sánchez Barcoj) conservaran sus plásticos y ofreció uno de ellos al consejero ejecutivo Francisco Verdú Pons, que rechazó.

En línea con lo expuesto por KPMG, el Ministerio Público concluyó que "sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual" Rato trasladó a la nueva entidad una práctica que le era ajena a las otras seis cajas de ahorro que se habían fusionado para constituir en diciembre de 2010 BFA, único accionista de Bankia hasta su salida a Bolsa en julio de 2011.

REGULACIÓN BANCARIA

El citado informe dedica un apartado a las diferentes normativas que fueron surgiendo en el seno de la Unión Europea a raíz de la crisis económica destinadas a una mayor regulación bancaria. Hace especial referencia a dos disposiciones acordadas en 2011 sobre las políticas retributivas de altos cargos en las entidades de crédito, y dice que eran "plenamente aplicables" a Caja Madrid y Bankia.

De acuerdo con la Circular 4/2011 las entidades tenían la obligación de informar al Banco de España todo lo relativo a las retribuciones de los consejeros para que el supervisor determinara si éstas se adaptan a la normativa y en ninguna de dichas comunicaciones se hizo alusión a estas tarjetas, algo para desde KPMG, se justifica con que estaban "al margen del marco contractual" de la caja.