Bruselas pide a España que aplique normas sobre traslado de presos, penas alternativas y orden europea de vigilancia

BRUSELAS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha instado a España y a otros Estados miembros a adoptar sin demora las medidas necesarias para aplicar plenamente las normas comunes pactadas en 2008 y 2009 para las personas condenadas o en espera de juicio en otro país de la UE relativas al traslado de reclusos, la libertad vigilada y penas alternativas, así como la orden europea de vigilancia.

España no ha aplicado todavía ninguna de las tres decisiones acordadas, según ha denunciado el Ejecutivo comunitario en un informe publicado este miércoles.

Las decisiones prevén que las penas privativas de libertad, la libertad vigilada o las penas sustitutivas y las medidas preventivas puedan ejecutarse en un país de la UE distinto de aquel en que la persona esté condenada o a la espera de juicio. El país puede ser el de la nacionalidad, residencia habitual u otro país de la UE con el que la persona tenga vínculos estrechos.

Las normas relativas al traslado de reclusos deberían haberse aplicado desde el 5 de diciembre de 2011, aunque sólo lo han hecho un total de 18 países hasta la fecha. Además de España, Alemania, Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugal y Suecia no lo han hecho todavía.

En el caso de las normas sobre la libertad vigilada y las penas alternativas, que tenían que haberse aplicado desde el pasado 6 de diciembre de 2011, además de España tampoco la aplican todavía otros 13 países. Se trata de Francia, Alemania, Reino Unido, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Suecia.

Por su parte, la orden europea de vigilancia no es aplicada todavía en España y otros 15 Estados miembros, aunque tendrían que haberlo hecho antes del 1 de diciembre de 2012. Los que todavía no la aplican son Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Suecia y Reino Unido.

El Ejecutivo comunitario ha considerado "lamentables" los retrasos o la aplicación incompleta de las normas comunes pactadas porque "pueden dar lugar a la reducción de las penas de privación de libertad que los jueces imponen a los no residentes" y esto "podría contribuir a reducir la masificación carcelaria y, de esta forma, mejorar las condiciones de detención, así como realizar un ahorro en concepto de prisiones en los presupuestos nacionales".

Además, ha recordado que el objetivo de las normas es "mejorar la confianza recíproca entre los sistemas judiciales en Europa" un elemento "fundamental" del espacio europeo común de justicia y que también son "instrumentos importantes para fomentar la rehabilitación social de los reclusos y reducir la aplicación de la detención preventiva". "Su correcta ejecución es de crucial importancia", ha concluido el Ejecutivo comunitario.