El ministro se reunirá el martes con el Consejo Fiscal tras las críticas a la reforma
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que "no va a existir ninguna impunidad" por cumplirse los plazos de la instrucción que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras su última reforma, ya que la propia norma establece que ningún asunto se va a archivar o sobreseer "por el mero transcurso del tiempo".
Catalá ha realizado estas afirmaciones al término de un acto sobre violencia de género celebrado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al ser preguntado por las críticas vertidas desde diferentes asociaciones de fiscales a la Ley Procesal, sobre la que advierten que creará espacios de impunidad por falta de medios en las fiscalías.
"Hemos visto los comunicados que han hecho las asociaciones judiciales", ha señalado el ministro, que ha anunciado que se reunirá con miembros de este colectivo el próximo martes 20 de octubre con ocasión de una reunión del Consejo Fiscal.
"Estamos trabajando primero por parte de la Fiscalía General del Estado para dictar instrucciones que aclaren la puesta en funcionamiento del nuevo modelo que establece la LECrim.", ha afirmado, para añadir que lo que los fiscales tienen que hacer es "solicitar la ampliación de plazos de la intrucción cuando así lo consideren necesario, y eso necesita colaboración entre el juez instructor y el fiscal que también se va a fomentar a través del intercambio de información".
Y si por otra parte los fiscales necesitan más medios personales y materiales, ha reconocido el ministro, desde su Departamento tratarán de atender esas peticiones. "En última instancia lo que la LECrim pretende es una justicia más rápida, una Justicia más eficaz, y ello es bueno para los ciudadanos y también estoy convencido de que es lo que quieren los fiscales y el conjunto de los profesionales del Derecho".
"Vamos a encontrar soluciones con toda seguridad", ha concluido el ministro, para agregar que para elaborar el nuevo registro de agresores sexuales creado por decreto ley tienen seis meses, y que ese plazo "se cumplirá".