Catalá comunica a las CCAA que el refuerzo de los juzgados por cláusulas suelo garantizará certeza jurídica

Se compromete a que la aplicación del IVA en el turno de oficio no afecte ni a profesionales ni a beneficiarios del servicio

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que las medidas adoptadas para reforzar los tribunales en materia de reclamaciones de las cantidades gastadas por las cláusulas suelo, como la especialización de uno o varios juzgados de primera instancia por provincia, garantizará la seguridad jurídica y certeza en la respuesta para quienes apuesten por la vía judicial para reclamar las cantidades.

Así se ha expresado el ministro en rueda de prensa tras el encuentro mantenido con los consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas, con quienes ha debatido este punto además de otras cuestiones como la posible aplicación del IVA en el turno de oficio, la convocatoria de Oferta de Empleo Público, la creación de plazas de nuevos juzgados y la puesta en marcha del nuevo Registro Civil.

Catalá les ha comunicado el sistema acordado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder dar una respuesta organizativa y procesal adecuada a las demandas sobre esta materia que lleguen a los juzgados y evitar así que se altere el funcionamiento ordinario de la Jurisdicción Civil.

Los consejeros, por su parte, le han comunicado su intención de que el servicio del turno de oficio siga exento del pago del IVA y sobre este tema Catalá ha dicho que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, decidirá en las próximas semanas si se mantiene o no la aplicación de este impuesto tras la interpretación hecha por la Dirección General de Tributos a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obligaba al pago de este impuesto en Bélgica.

"Vamos a trabajar para fijar el criterio final en esta materia que elimine incertidumbres y vamos a explicar por qué el turno de oficio, cumpliendo con las normas tributarias, puede quedar exento del IVA", ha explicado Catalá, quien ha dicho que la segunda opción que se baraja es que los baremos del turno de oficio se incrementen en relación con la cuantía del IVA a aplicar. Si no fuera así, ha precisado el ministro, en ningún caso su aplicación repercutirá en los beneficiarios de la Justicia gratuita ni en los profesionales.

CREACIÓN DE ÓRGANOS OFICIALES

También se ha abordado la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en los distintos territorios para aliviar la carga de trabajo de los juzgados españoles. Sobre esta materia ha señalado que está estudiando con Hacienda la asignación de unidades judiciales pendientes de creación en 2016 y para el actual ejercicio, en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Tribunales Superiores de Justicia.

Respecto a la próxima Oferta de Empleo Público, Catalá ha asegurado que aunque se ha avanzado en el diálogo, este punto queda pendiente de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que prevé que el Gobierno presente en abril, y que fijará el volumen de la oferta de empleo. "Mientras tanto trabajamos en convocatorias todavía pendientes del año anterior; nuestro compromiso es seguir manteniendo la convocatoria de 2.000 plazas al año con el fin de reducir drásticamente el nivel de empleo temporal", ha precisado.

NUEVO REGISTRO CIVIL

En relación la reforma pendiente del Registro Civil, el responsable de Justicia ha asegurado que la transformación gradual del mismo busca mantener el modelo de registro "público, gratuito y telemático", que respete el consenso político que inspiró la Ley 20/2011 y ese es el modelo que han presentado a los consejeros presentes en la reunión.

"Hemos presentado el proyecto que da garantía de empleo a los funcionarios y de presencia en todo el territorio y para llevarlo adelante le hemos presentado reforma de la Ley 20/2011 que creaba oficinas generales, una por provincia", ha defendido Catalá, que ha señalado que se mantendrá la misma dotación de plantilla que existe en la actualidad con la diferencia de que estarán dirigidos por letrados de la Administración y no por jueces.