Catalá convoca para el martes la Mesa Sindical y para el jueves la Conferencia Sectorial de Justicia

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha convocado para el próximo martes la Mesa Sindical y, dos días después, la Conferencia Sectorial de comunidades autónomas con el objetivo de debatir sobre las reformas pendientes en la Administración de Justicia, entre las que saldrán a relucir polémicos asuntos como las tasas judiciales o la gestión del Registro Civil por registradores mercantiles.

La Conferencia Sectorial tendrá en su orden del día una exposición general sobre la situación de las reformas legislativas en las que trabaja el Ministerio de Justicia con especial referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proyecto de justicia gratuita y el Registro Civil.

El proyecto de justicia gratuita está íntimamente relacionado con las tasas judiciales, cuya recaudación iba a ser destinada a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita, si bien las comunidades han protestado de que no han recibido ni un euro procedente de la imposición de los nuevos gravámenes.

De hecho, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, reclamó activamente al entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón que cumpliera su palabra y pagara con cargo a esas tasas los abogados de oficio. Catalá ha abierto la puerta a revisar esta norma y ajustar los gravámenes para las personas físicas en primera instancia.

PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES

La Conferencia Sectorial tendrá como objetivo lograr el consenso con las autonomías, que tendrán la oportunidad de plantear las dudas que les produzcan los distintos borradores. La reunión incluirá cualquier asunto planteado por las partes hasta 72 horas antes de su inicio, según ha informado Justicia.

En la Mesa Sindical también se abordarán las reformas legislativas en marcha haciendo especial hincapié en la repercusión que tendrán en las condiciones de los trabajadores de la Administración de Justicia.

Catalá se reunió hace unos días con los sindicatos y garantizó la estabilidad en el empleo de los funcionarios, afirmando que no habría movilidad forzosa fuera del municipio y se mantendrán oficinas judiciales de paz en las poblaciones que cuenten a día de hoy con juzgados de paz.