Catedráticos de Penal de 33 universidades dicen que la reforma penal es reaccionaria y pisotea la dignidad humana

Más de 60 expertos piden en un manifiesto que tras las elecciones se derogue la reforma y la Ley de Seguridad Ciudadana

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas han hecho público un manifiesto en el que critican duramente la reforma del Código Penal que se discute este miércoles en el Congreso -que incluye la figura de la prisión permanente revisable y un aumento generalizado de las penas-, que afirman bebe de las fuentes más "reaccionarias" y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio "pisotea" la dignidad humana.

En el manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, los expertos critican que el Gobierno abuse de su mayoría absoluta para imponer una reforma que, en primer término evidencia una "enorme pobreza técnica", tal y como ha sido puesto de manifiesto por los juristas que han venido compareciendo ante la Comisión de Justicia del Congreso de forma previa a la discusión de la reforma.

Ello explica, según los catedráticos, que la norma incluya preceptos "que superan la Constitución, pero no solamente por sus propuestas de fondo sino también por el deliberado y constante uso de términos ambiguos en la redacción de las normas, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal".

Critican igualmente que se haya prescindido de las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales, lo que arrojará a quienes deban hacer cumplir la reforma "en los brazos de la inseguridad y de la incertidumbre".

"Las reformas propuestas, además, beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas", advierten en el comunicado.

FALTAS DE TRÁFICO

En relación con iniciativas concretas, como infracciones actualmente consideradas faltas relativas a accidentes de tráfico, los penalistas critican que de forma consciente por una "privatización" que va a provocar que el ciudadano "cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor beneficio de las compañías de seguros",

Advierten igualmente que se produce un "indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos" a lo que se suma el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas -pueden llegar hasta los cuarenta años- y a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua".

"Con todo ello el único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana", argumentan los expertos.

Lo más grave para los profesores, sin embargo, es el "claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad", puesto que a su juicio "la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a "administrar" la peligrosidad.".

Advierten, en relación con la seguridad, que el Gobierno ha reducido drásticamente las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional y entregado a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad -comenzando por las prisiones-, y habilitando a estas entidades "para que mediante las oportunas comisiones provinciales, autonómicas y nacional decidan en cada momento el modelo de seguridad y las iniciativas a tomar a ese respecto".

Este nuevo paradigma resulta reforzado por modificaciones como las contenidas en el Proyecto de reforma del Código Penal, mediante las que se equiparan, a efectos penales, los vigilantes privados de seguridad a los funcionarios públicos, según apunta el Manifiesto.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, al a que también se refiere el documento y que también se tramita en el Congreso, apuntan que "el Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación" y que para ello eleva a concepto de referencia no el de "orden público" entendido como normalidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana. "De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas".

Finalmente, también critican que tras obtener los preceptivos informes de los órganos consultivos, como son el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha terminado llevando a las cámaras legislativas un nuevo Proyecto que incluye materias que no han sido objeto previamente de dictamen; e incluso, en el seno del trámite parlamentario se introducen -bajo la cobertura de enmiendas del Grupo Parlamentario que sostiene al Ejecutivo- nuevas regulaciones referidas a delitos que no habían sido sometidas tampoco a dictamen previo.

DESLEALTAD DEMOCRÁTICA

"Entendemos que nos encontramos ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad democrática del actual Gobierno, quien mediante las denunciadas iniciativas legislativas está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado", concluyen.

Por todo lo anterior, solicitan a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales, "que considere la necesidad de derogar, de raíz y sin excepciones, las leyes de seguridad privada, seguridad ciudadana y la nueva reforma penal; y que sólo posteriormente, y con el consenso más amplio posible y los mejores modos democráticos, pacten con los grupos parlamentarios las reformas penales, administrativas y procesales que verdaderamente resulten necesarias para el mejor gobierno de la nación y la tutela de todos los ciudadanos".

Firman el manifiesto más de sesenta catedráticos de Derecho Penal de universidades como la Carlos III, Rey Juan Carlos y Complutense en Madrid, la Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostgela, Cádiz, Cantabria, Valencia, Granada y Zarazoza entre otras.