Un centenar de ONG's acusan a PP y PSOE de plegarse a las presiones de Israel, China y EE.UU sobre la Justicia Universal

Los jueces de la Audiencia Nacional Pedraz y Velasco, que investigan a EE.UU por la muerte de Couso y Guantánamo, apoyan la iniciativa

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de asociaciones del ámbito de la Justicia y la defensa de los Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales presentaron hoy en Madrid un manifiesto respaldado por más de 300 profesionales en el que abogan por la vigencia de la Justicia Universal y culpan a los principales partidos políticos, en concreto, al PP y el PSOE por limitar este principio jurídico y les acusan de plegarse a las presiones de los países poderosos como China, Israel o EE.UU.

"Tenemos que recordar que ha habido presiones indebidas a la hora de modificar esta legislación, nosotros no podemos olvidar las manifestaciones que realizó la ex ministra de Exteriores de Israel Tzipi Livni cuando dijo públicamente que su homólogo español le había garantizado que iban a modificar la Ley", aseguró en el acto realizado hoy en Madrid el letrado Gonzalo Boyé, abogado de varias causas por la Justicia Universal en la Audiencia Nacional.

De este modo, el abogado se refería a la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantiene abierta contra Israel por un bombardeo sobre Gaza en 2002 en el murieron 14 civiles en contra del criterio de la Fiscalía y de las críticas del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que rechazó que España sea el gendarme del mundo o del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que la Audiencia Nacional "no se puede convertir en un juguete".

Asimismo, la postura del Gobierno en este punto, según ha expresado en varias ocasiones el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, es que deberían desestimarse las querellas que se presenten en España contra países declaradamente democráticos y en los que ya se haya iniciado alguna investigación o no haya españoles implicados. "La legislación española tiene que surgir de la voluntad del Parlamento de Madrid, no del de Tel Aviv", añadió Boyé en la presentación de este manifiesto en el que se acusa a PP y PSOE de consensuar la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de Jurisdicción Universal a fin de limitar su alcance exclusivamente a los hechos en los que haya españoles implicados.

"Siempre hemos entendido que no se puede limitar la aplicación de la Justicia a aquellos casos en los que están españoles implicados, cualquier política exterior jamás se puede desarrollar por encima de los Derechos Humanos", aseguró por su parte el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Manuel Ollé, quien en su intervención insistió en que, "por mucho que se reciban presiones como ha sido en el caso de Israel, China o EE.UU, jamás la política exterior se puede desarrollar de espaldas a los Derechos Humanos".

"Creo que no exagero si digo que en los últimos diez o 15 años la mayor aportación de España a la defensa de los Derechos Humanos es la Justicia Universal", sentenció.

CARGA DE TRABAJO "INSIGNIFICANTE"

Por su parte, en el acto también intervino el magistrado Ignacio González Vega, quien habló en nombre de la asociación Jueces para la Democracia (JpD). En su intervención, el juez se esforzó por rechazar algunas de las críticas más comunes hacia la persecución de delitos internaciones al explicar que la carga de trabajo que estas causas tienen para un magistrado "es insignificante a pesar de la gran repercusión mediática que generan". Concretamente cifró la carga en un "0,035 por ciento sobre las causas de la Justicia española". "La carga de trabajo no es un argumento para rebatir el tema de la Justicia Universal", zanjó.

En el manifiesto presentado hoy se defiende que "el principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos en una sociedad global y forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes".

Por las mismas razones, se añade que "resulta preocupante que los responsables políticos hayan acordado la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los Derechos Humanos surja solamente ante los poderosos".

En ese sentido, recuerdan que España fue "pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio" por lo que, a su entender, "debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes".

VELASCO Y PEDRAZ

Las asociaciones promotoras de esta iniciativa han sido la APDHE, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y JpD. Además entre los 329 particulares que firman el manifiesto se encuentran profesionales de la Justicia, el Periodismo o la Universidad, entre otros sectores.

Concretamente, destacan catedráticos expertos en Derechos Humanos como Enrique Gimbernat o Álvaro Gil Robles, la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú o incluso magistrados de la propia Audiencia Nacional como los jueces centrales de instrucción Santiago Pedraz y Eloy Velasco.

En la actualidad el juez Pedraz mantiene abiertas en su Juzgado dos causas al amparo de la Justicia Universal, concretamente la que investiga la presunta represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín y el genocidio maya en Guatemala, que provocó entre 1978 y 1984 más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas.

Asimismo este magistrado también investiga la presunta responsabilidad penal de tres militares de EE.UU en la muerte del cámara español José Couso en abril de 2003 durante la intervención militar en Irak.