MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverá a centrarse en la polémica surgida por los gastos relacionados con una veintena de viajes que su presidente, Carlos Dívar, realizó a Marbella (Málaga) con un coste cercano a los 13.000 euros. Hasta cuatro vocales exigen formalmente su comparecencia pública para dar explicaciones.
La comparecencia la pide por un lado José Manuel Gómez Benítez, el vocal que denunció los hechos ante la Fiscalía General, que archivó las actuaciones por no ver delito.
A él se unen los vocales del sector "progresista" Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, que exigen esta comparecencia al Pleno en otro documento diferente "a efectos de que la sombra de la duda sobre la utilización de fondos públicos no se extienda a todos los integrantes del CGPJ".
La cuestión tras el Pleno será conocer cuántos apoyos tendrán estas peticiones y si motivarán un cambio de actitud por parte de Dívar, quien hasta el momento se ha negado a dar explicaciones públicas. Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado que el presidente del CGPJ no da explicaciones suficientes de su actividad en Málaga solicitará su comparecencia en el Congreso.
La discusión llega un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya archivado una denuncia presentada contra Dívar por una asociación de juristas por presunta apropiación indebida y estafa. El archivo se produjo apenas 24 horas después de la presentación de la denuncia.
Además de la comparecencia pública de Dívar, el vocal Gómez Benítez exige al Pleno que se le informe del número de quejas contra el presidente de esta institución que han ido llegando las últimas semanas, y que superan las 1.300. Por otra parte, una página web ha recogido en los últimos días casi 12.000 firmas pidiendo la dimisión inmediata de Dívar.
TRANSPARENCIA SIN EXPLICACIONES
Otro grupo de vocales, entre ellos Manuel Almenar y Mariano Collado, designados a propuesta del PP, han elaborado un tercer escrito en el que propugnan igualmente un plan de transparencia para el órgano del gobierno de los jueces, si bien no ven necesarias las citadas explicaciones por Dívar.
En este documento se propone que el CGPJ reconozca el daño causado por esta polémica y se solicitaría la derogación de la actual normativa de justificación de gastos -que data de 1996-, así como la puesta en marcha de una política viajes más transparente que pasaría, por ejemplo, por hacer visibles las agendas de los vocales.
Con esta crítica a las normas de 1996 no estarían de acuerdo Robles, Azón y Montalbán, quienes en su escrito señalan que no puede aceptarse que haya sido esta regulación la que ha permitido los hechos, "pues ese marco no justifica, en ningún caso, la confusión entre lo público y lo privado, ni excluye la transparencia exigible a todo el que desempeña funciones públicas".
PLENO CERRADO EN FALSO
Estos vocales consideran que en el Pleno extraordinario del pasado jueves "ni se tomó acuerdo alguno, ni se dieron explicaciones suficientes, ni se asumió ningún tipo de responsabilidad".
Consideran que todo ello "ha determinado que se extienda una opinión generalizada de falta de transparencia y de utilización poco responsable de los fondos públicos por todos los miembros del CGPJ. "A ello ha contribuido igualmente la falta de asunción de responsabilidades por quien en el desempeño de sus actuaciones públicas no ha respondido siempre a los principios de austeridad y de transparencia", añaden.
Además, lamentan el "perjuicio" que haya podido producirse a todos aquellos que integran el Poder Judicial y, además de la comparecencia de Dívar, pedirán que el Pleno acuerde dar publicidad a todos los gastos globales realizados en el seno del CGPJ desde el inicio del mandato.