El PP quiere que Rubalcaba se 'retrate' en el Congreso desvelando quién es el responsable político

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP volverá a llevar el 'caso Faisán' a la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, esta vez con la intención de que el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se retrate en el Congreso desvelando quién es el responsable político máximo del supuesto 'chivatazo' policial a la red de extorsión de ETA en 2006.

El encargado de formularle esta pregunta será una semana más el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien aprovechará para echar en cara al 'numero dos' del Ejecutivo que intente que el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo aparezca como "único responsable político" porque le va a resultar "inútil", según comentó esta semana en declaraciones a Europa Press.

TAMBIÉN SEÑALA A ZAPATERO

Y es que el parlamentario 'popular' lleva señalando a Rubalcaba como "la X del Faisán' en los casi dos años que lleva interrogándole sobre este asunto. Incluso recientemente subió el listón de su acusación al 'meter en el saco' también al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A él le dijo que si no cesa a Rubalcaba es porque "algo inconfesable" le une sobre esta cuestión al ministro del Interior.

Con su pregunta del próximo miércoles, Gil Lázaro volverá a poner encima de la mesa la información de 'El Mundo' ,según la cual García Hidalgo se habría quejado ante un grupo de allegados de que Rubalcaba le ha "dejado tirado" en este tema y que sólo se ha ocupado de "librar" al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

RUBALCABA TIENE MIEDO

"En su intención de salvar su responsabilidad política parece no importarle poder agravar la situación procesal de García Hidalgo", critica Gil Lázaro, quien considera que si Rubalcaba sigue insistiendo en cargar las tintas contra el ex director de la Policía estará haciendo "una especia de confesión de parte".

Y todo, según defiende, por el "miedo" del portavoz del Gobierno a "asumir la evidencia incontestable de que la decisión política de poner en marcha un procedimiento ilícito para frenar una operación judicializada nunca pudo darse sin el conocimiento de las más altas instancias".