CiU pide la supresión de la Ley de Tasas Judiciales cuando se cumplen dos años de su aprobación

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia de CiU en el Congreso de los Diputaos, Jordi Jané, ha presentado una Proposición no de Ley en la que se pide la supresión de la Ley de Tasas Judiciales coincidiendo con el segundo aniversario de su aprobación.

Considera que aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado favorable a una adecuación de estas tasas, nunca se hace necesaria su inminente supresión porque una adaptación no sería suficiente.

La Ley de Tasas aprobada el 20 de noviembre del 2012 contó con un amplio rechazo social, judicial y político, según recuerda CiU en su Proposición y entró en vigor el 24 de febrero de 2013.

RECURSOS PENDIENTES EN EL TC

Después de 20 meses de su aplicación, diferentes organismos e instituciones han constatado su ineficiencia y su fracaso, continúa la propuesta. Además, Jané pide que se tenga en cuenta que la Ley de Tasas tiene pendiente de resolución cinco recursos de inconstitucionalidad presentados por diferentes Comunidades Autónomas en el Tribunal Constitucional.

El grupo parlamentario catalán considera necesario derogar las tasas judiciales por los siguientes motivos porque la reducción de la tasa de litigiosidad ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad y a los más afectados por la crisis.

Además, considera que tampoco se ha cumplido con la premisa de financiar la ampliada justicia gratuita con los recursos proporcionados por las nuevas tasas judiciales.

Cuestiona igualmente las elevadas cuantías de las tasas vigentes suponen un elemento disuasorio y un obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia así como un grave impedimento para el ejercicio del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva.

Además, CiU considera que se ha tenido en cuenta la duplicidad de las tasas estatales que se superponen a las tasas autonómicas ya existentes.

Esto supone que algunos ciudadanos se vean obligados al pago de dos tasas destinadas a cubrir los costes de un servicio que, en algunos territorios es prestado por dos administraciones.

Asimismo CiU denuncia que lo que se ha ingresado por estas tasas no se ha destinado a financiar los servicios de asistencia jurídica gratuita que prestan muchas Comunidades Autónomas en este ámbito.