El Congreso de Garzón reclama considerar los delitos económicos y medioambientales como lesa humanidad

Pide que los Estados no puedan aplicar indultos, amnistías o prescripciones para exonerar de responsabilidad a los criminales

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Jurisdicción Universal, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, ha reclamado en sus conclusiones considerar los delitos económicos y los medioambientales como delitos de lesa humanidad y no aplicar el indulto, la amnistía o la prescripción a los crímenes cometidos contra el derecho internacional.

Estas son algunas de las ideas recogidas en la denominada 'Propuesta de Madrid', que remitirán a instituciones, universidades y foros de juristas de diferentes países para abrir un periodo de debate durante seis u ocho meses que sirva para mejorar la protección de la ciudadanía frente a la "barbarie".

En la propuesta, recogida por Europa Press, el foro emplaza a perseguir bajo el principio de la justicia universal graves delitos contra la naturaleza y "crímenes económicos" con una incidencia generalizada en la comunidad.

Entre ellos, engloban fraudes alimentarios, la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependa la supervivencia o la salud de las personas, la explotación laboral ilegal de menores o la expotación ilícita de recursos naturales con perjuicio para la vida o la convivencia con el entorno.

TRÁFICO DE ARMAS BAJO LA JUSTICIA UNIVERSAL

A su juicio, el llamado principio de 'comunidad de intereses' también debe ser aplicable a la desviación de fondos internacionales destinados a paliar catástrofes humanitarias, el tráfico ilícito de armas a zonas de conflicto o con la prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas o la destrucción "irreversible" de ecosistemas.

Los autores del documento piden que las disposiciones de los Estados donde se cometieron los hechos no puedan alegar prescripción, amnistía, indultos u otras medidas similares para exonerar de responsabilidad a los presuntos criminales.

En este sentido, sugieren que el país donde se encuentre el sospechoso, inicie una investigación y acuerde las medidas cautelares personales y patrimoniales convenientes para asegurar su presencia, con independencia de que exista una previa petición de extradición.

Para los expertos, los tribunales internos deben complementar a la Corte Penal Internacional en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos que sean competencia de este órgano. Además, los Estados garantizarán los derechos de las víctimas y de sus familiares directos.