El Congreso reduce en un 60% las tasas judiciales cuando los trabajadores interpongan recursos en el orden Social

El PP aprueba el proyecto de ley que incrementa las tasas judiciales y que se tramita con carácter de urgencia en el Parlamento

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha eximido a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social. Además, ha liberado del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

La Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, ha introducido estas enmiendas propuestas por el PP en el proyecto de ley que regula una subida de las tasas, de entre 50 y 750 euros, en la Administración de Justicia y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Pese al plante de la oposición en el momento de la votación, el Grupo Parlamentario Popular ha contado con la mayoría suficiente para sacar adelante la norma, que será remitida al Senado con la previsión de que sea definitivamente aprobada en noviembre. Se cumplirían así las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté vigente el próximo año.

La enmienda de los 'populares' incluida en el texto legislativo permitirá que los trabajadores que presenten un recurso en lo Social tengan una exención en la tasa de un 60 por ciento, según ha subrayado la diputada Beatriz Escudero.

El orden Social ha estado hasta ahora excluido del pago de las tasas judiciales, pero el proyecto de ley impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón las introduce por primera vez en vía de suplicación y casación, que pasarían de ser gratuitas a tener unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente. Los trabajadores verán reducida la cuantía en un 60 por ciento.

La Cámara Baja ha eximido también de la responsabilidad tributaria a los abogados y procuradores cuando tengan que pagar la tasa en nombre de su representado, según ha explicado Escudero, que ha destacado que se trataba de una cuestión que despertó la preocupación de estos colectivos.

La oposición ha criticado la celeridad con la que se ha tramitado por vía de urgencia este proyecto de ley y ha atribuido la prisa a la enmienda que ha introducido el PP por la que se suprime la paga extraordinaria de Navidad a jueces y fiscales. El partido que sustenta al Gobierno ha negado este extremo y ha afirmado que la iniciativa tiene por objeto dar un "trato igualitario" a todos los funcionarios públicos.

En su tramitación parlamentaria, el PP ha presentado otras iniciativas como es la supresión del pago de las cuantías cuando recurran en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

A su juicio, no pueden sufrir "un menoscabo patrimonial" cuando la Administración no ha cumplido con su "elemental obligación de resolver y notificar en plazo o de actuar, cuando así lo prevé el ordenamiento jurídico".

La norma ya superó la pasada semana su primer filtro parlamentario cuando la mayoría absoluta del PP permitió rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición, que recordaron la crítica que despertó entre todos los operadores jurídicos, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su carácter "recaudatorio" y su "efecto disuasorio".

Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha negado que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva y calcula recaudar unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164 millones obtenidos en 2011. Ha destacado que las tasas alcanzan el 10 por ciento del coste total de la Justicia, una cifra que está por debajo de la media europea.