MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo contiene en su informe anual reparos al modo en el que Instituciones Penitenciarias investiga las denuncias de malos tratos que se producen en las cárceles. Según dice, el sistema empleado "posee indudablemente un componente intimidatorio que ha de ser evitado".
Las reservas de esta institución se refieren tanto al método empleado como a que sea uno de los responsables del propio centro en el que presuntamente habrían tenido lugar los malos tratos quien efectúe las investigaciones.
"Se aprecia que el sistema empleado para este tipo de averiguaciones preliminares y sumarias, consistente en un interrogatorio formal por parte de un subdirector de seguridad del centro, posee indudablemente un componente intimidatorio, que esta institución considera ha de ser evitado", dice el informe recogido por Europa Press, que recuerda que "el objetivo es obtener la confianza de la persona privada de libertad que está expresando una queja".
Recomienda el Defensor del Pueblo que esas entrevistas personales debería hacerlas alguien ajeno a la plantilla de la cárcel ya que una denuncia de malos tratos "puede implicar a uno o varios compañeros de plantilla de quien recibe el testimonio, o incluso al propio receptor de la queja".
"RETRASOS CONSIDERABLES"
La institución que preside Soledad Becerril pide también "la puesta en servicio en todos los centros penitenciarios de sistemas de videovigilancia adecuados" ya que, según dice, "la adopción de estas medidas en los escasos centros penitenciarios que ya disponen de sistema de vigilancia que permiten grabación 24 horas de todas las cámaras del establecimiento, sufre retrasos considerables".
El informe cita un caso en el que un preso pidió asistencia judicial y su queja "no fue atendida por la administración, aduciendo para ello que el sistema de grabación de imágenes existente en el centro guarda las grabaciones efectuadas durante un periodo máximo aproximado de veinte días a partir de cual se graba encima de las preexistentes en el disco duro".
El Defensor del Pueblo también advierte sobre el tratamiento para las personas ingresadas en centros penitenciarios con enfermedades mentales: "existen en los centros penitenciarios ordinarios unas infraestructuras inadecuadas para ese colectivo".